Complejidades de los Servicios Locales de Educación Pública

12 Mayo 2021

Un estudio del Centro de Políticas Públicas UC constató que los principales inconvenientes son la conformación de equipos y el traspaso de la administración desde los municipios.

La educación pública es uno de los principales desafíos del Estado chileno con su ciudadanía. En el proyecto ‘Tenemos Que Hablar de Chile’, plataforma de diálogo e incidencia ciudadana impulsada por la Universidad Católica y la Universidad de Chile, la Educación fue el asunto que más apareció como “prioridad, problema, anhelo y solución”.

A su vez, las frases más llamativas que surgieron de los diálogos fueron: “Hay que mejorar los nuevos líderes, invirtiendo en que tengan mejor educación” y “como dicen el conocimiento es poder, garantizar una educación es la piedra angular de las demás transformaciones”.

Además, los participantes coincidieron en que la educación: debería incluir un currículum diferente, que haga un mayor énfasis en valores y forme buenos ciudadanos en un futuro; es el máximo “comodín” de cambio y de mejora, y que es la base para la ética pública, pero también para el reseteo institucional.

Al conocerse estos resultados, resulta importante saber en qué está hoy la base de nuestra educación: la educación pública.

El año 2017 se promulgó la Ley 21.040 que crea un Nuevo Sistema de Educación Pública, en el que ya no serán los municipios los encargados de administrar los establecimientos públicos, sino los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP). Para ello, se crean 70 servicios locales que serán los nuevos sostenedores educacionales, reemplazando a los 346 municipios en esta tarea.

Es una reingeniería mayor del sistema de educación pública, por lo cual, tal como se recomienda para estos casos, se consideró una implementación gradual de tres a cuatros servicios locales por año. Es así como al año 2020 se han implementado sólo 11 servicios locales; este año 2021 se toma una pausa para evaluar lo que fueron los primeros tres años y sacar lecciones para la segunda etapa que comienza el 2022 que, según el diseño original, significaría la instalación de 14 a 15 servicios locales por año.

El “Estudio de planificación de la segunda etapa de implementación de la Ley N° 21.040“, desarrollado por el Centro de Políticas Públicas UC, constató las principales complejidades que ha tenido la instalación de estos SLEP, que se resumen en dos grandes ámbitos. El primero, la conformación de los equipos de cada servicio local: ha sido mucho más complejo de lo esperado poder encontrar y seleccionar un buen líder y un equipo capacitado para asumir esta gran tarea. El segundo, el traspaso desde los municipios a los SLEP, donde ha habido problemas importantes de información administrativa y académica incompleta, dotaciones que no corresponden a la realidad e infraestructura cuya propiedad no está acreditada.

Estos hallazgos nos levantan una alerta y obligan a tomar todas las medidas necesarias para contrarrestar estas complejidades y otras que puedan surgir en el camino”, comentaron el director del Centro de Políticas Públicas UC, Ignacio Irarrázaval, y el investigador del mismo, Nicolás Muñoz.

Hace algunos días el Consejo de Evaluación tomó la decisión de mantener los cuatro años para implementar los 59 SLEP que faltan, existiendo la posibilidad de extender ese plazo tal como lo propone el estudio. “Esta decisión podría agudizar los problemas ya mencionados y poner en riesgo el éxito de la reforma. Lo recomendable sería establecer un plazo mayor y asegurar una correcta instalación de cada SLEP”, relevaron los expertos.

Irarrázaval y Muñoz concluyeron enfatizando que “necesitamos que el segundo tiempo de la Nueva Educación Pública, que parte el 2022, sea mucho mejor que el primero y así cumplir con el ambicioso objetivo de que Chile cuente finalmente con una educación pública inclusiva y de calidad”.

Optimizar la segunda etapa de la ley

Para optimizar la futura implementación de la segunda etapa de la Ley N°21.040, el estudio antes citado recomienda focalizar los esfuerzos en las siguientes áreas: 

Área

Recomendaciones

Temporalidad de instalación de la gobernanza

-Establecer un plazo legal para la conformación de los CDL (a través de la modificación del Artículo 32 o de la redacción de un nuevo Artículo 32 bis en la Ley N°21.040), que incluya una disposición para que el Mineduc pueda designar a los representantes que tengan demora en su elección.

-Familiarizar a los nuevos gobernadores regionales de la Nueva Educación Pública.

-En caso de implementar más de diez SLEP en un año, considerar adelantar la conformación del equipo directivo de la mitad de ellos, con el fin de minimizar el riesgo de saturar el mercado y reducir postulaciones poco intencionadas.

Formación de equipo del SLEP

-Establecer estrategias para atraer a los mejores profesionales, a través de procesos efectivos y masivos de difusión de los concursos.

-Revisar los criterios de selección en los concursos, incorporando competencias transversales en cuanto al desarrollo organizacional, gestión de personas y recursos, y no solo en educación.

-Desarrollar un plan de inducción y capacitación continua que provea de conocimientos y herramientas necesarias para los equipos.

Planificación y gestión de los SLEP

-Sistematizar información de la instalación y funcionamiento de los SLEP.

-Fortalecer la coordinación entre la DEP y Mineduc.

-Implementar el mismo software de gestión de remuneraciones en todos los SLEP.

-Fortalecer la estrategia comunicacional de difusión y de sensibilización de actores relevantes y la comunidad sobre la instalación de la Estrategia Nacional de Educación Pública.

Dotación de actores claves para la instalación de SLEP

Revisar la capacidad de las dotaciones profesionales actuales que participan en la instalación de los SLEP.

Traspasos y convenios de ejecución de los planes de transición

-Se sugiere que los planes de transición tengan un carácter obligatorio por ley (hoy son facultativos). Además, se plantea mantener apoyo prioritario a los comités de transición pertenecientes a municipios cuyos Servicios Locales hayan obtenido un mayor puntaje en el índice de complejidad.

-Se propone entregar por ley a la DEP la responsabilidad de apoyar y supervisar el cumplimiento de los convenios de ejecución por parte de las municipalidades, dejando a la Superintendencia de Educación encargada exclusivamente de las sanciones correspondientes a los incumplimientos de los contratos.

-Crear por reglamento un procedimiento rápido de detección y denuncia de incumplimientos, el que debería llevar aparejada una escala de sanciones vinculadas al nivel de gravedad de la falta

Habilitación de oficinas de los SLEP

Verificar anticipadamente que la oferta de infraestructura disponible para la implementación física de los Servicios Locales cuenta con las condiciones necesarias para su correcta

operación.

Fuente: Estudio de planificación de la segunda etapa de implementación de la Ley N° 21.040

Respuesta parlamentaria

Un grupo de diputados de la Democracia Cristiana (DC) ingresó un proyecto de ley (boletín 14232) que busca aplazar en dos años el proceso de desmunicipalización de los establecimientos educacionales públicos, cuyo avance progresivo en una segunda etapa está programado para 2022.

El texto fue entregado por los congresistas Miguel Ángel Calisto, Iván Flores, Joanna Pérez y Jorge Sabag, en el que solicitan que los 15 Servicios Locales de Educación (SLE) estimados para su creación el próximo año se concreten en 2024. De esta forma, el fin del proceso, que estaba proyectado para 2025, concluiría en 2027.

Los legisladores expresaron que “el sector enfrenta hoy necesidades más acuciantes en el corto plazo y necesita de todos los recursos humanos y económicos posibles”.

Jorge Sabag, uno de los diputados que respalda la postergación de la desmunicipalización, señaló que “el traspaso de los SLE genera muchas dudas, cuando se supone que está asegurado el traspaso del 100% de los docentes y asistentes de la educación, no así el de los funcionarios de los departamentos de administración de la educación municipal, quienes se van a enfrentar a una masiva desvinculación”.

La iniciativa de los parlamentarios falangistas es la segunda presentada en el mismo sentido, porque en abril un grupo de integrantes de la bancada de Renovación Nacional (RN) también solicitó aplazar el proceso (boletín 14216), debido a los vacíos que tendría el traslado de los trabajadores a los SLE.

“Estamos pidiendo la suspensión de la atribución presidencial (para establecer el calendario de desmunicipalización), porque creemos que en esta ocasión es oportuno. Nos parece necesario plantear la suspensión del proceso, porque lo que conocemos hasta acá es que ha estado lleno de dificultades y además puede afectar a muchísimos trabajadores”, indicó el diputado Camilo Morán.
 


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