Análisis de Acción Educar muestra que en instituciones de la región Metropolitana se gasta $3.400.000 por alumno, mientras que en regiones es de $3.170.000.
Un estudio de Acción Educar afirmó que el Estado gasta sus recursos principalmente en la educación superior en comparación a la enseñanza escolar y parvularia, lo que refleja una distribución desigual que impacta especialmente a los primeros niveles.
El análisis, que fue realizado por el investigador Francisco Alessandri, revisó los destinos de los fondos entregados por el Ministerio de Educación (Mineduc) bajo distintas estrategias.
En este caso, se compararon los gastos en establecimientos educacionales el año 2019, de acuerdo a los presupuestos finales de ese año, presentados en la Ley de Presupuestos del 2020, el análisis de gasto en educación superior realizado por la Contraloría General de la República, y la matrícula por nivel presentada por el Mineduc.
La investigación mostró que la cantidad de dinero que se gasta por estudiante en cada nivel educativo tiene montos similares en educación parvularia ($1.887.893 anual) y superior ($1.897.026), y levemente más alta en educación escolar ($1.949.237). Dichos números se desproporcionarían con la inclusión de todos los alumnos y todos los tipos de establecimientos, como colegios privados e instituciones de educación superior (IES) no acreditadas.
Con estos datos, el informe aseguró que mientras en los jardines y colegios estatales se gasta $2.763.178 y $2.218.785, por estudiante respectivamente, en educación superior estatal el monto asciende a $3.252.535. Es decir, se gasta un 18% más en estudiantes de educación superior que de jardines infantiles y un 47% más que en escolares.
Al revisar el gasto en IES estatales, se observa que en instituciones de la región Metropolitana se gasta $3.400.000 por alumno, mientras que en regiones el gasto es de $3.170.000, un 7% menos.
Adicionalmente, se detectó que los promedios de gasto de los países pertenecientes a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) son constantes en todos los niveles a diferencia de Chile, que está inclinado hacia la entrega de fondos destinados al nivel terciario. Así, el promedio de gasto por alumno en educación estatal superior es $6.505.260; en educación escolar un 1,3% más, $6.591.213; y en educación parvularia un 1,5% más, dando un total de $6.603.778.
Al mirar proporcionalmente las cifras, se tiene que en la educación estatal chilena, por cada $1.000 pesos que se gastan por alumno de educación escolar, se desembolsan $1.250 pesos en educación parvularia y $1.470 en educación superior. En la OCDE, por cada $1.000 pesos de educación escolar gastan $1.002 en educación parvularia y $987 en educación superior.
En cuanto a la distribución del gasto por beneficios estudiantiles, el trabajo indica que la tendencia es similar al punto anterior, porque los recursos en gratuidad por alumno son un 27% mayor que las subvenciones. Esto implica que el Estado gasta al menos $516.355 más por estudiante de la educación superior adscrito a la gratuidad, que un escolar que acude a un establecimiento gratuito.
Finalmente, al comparar el gasto por estudiante entre los años 2015 y 2019, ajustados por la inflación, el documento observa que en el nivel parvulario el aumento es cercano a cero (0,81%), y que en escolares el gasto ha aumentado en un 11%. Por su parte, los recursos por estudiante en educación superior han tenido un crecimiento del 77%, concentrando la mayor parte del aumento de gasto del sistema.
Críticas al financiamiento en educación superior
El ingeniero comercial con mención en Economía de la Universidad de Chile, Sebastián Carpentier, destacó que la implementación de la gratuidad ha provocado que Chile se posicione como el país de la OCDE que más invierte en educación superior, casi duplicando el esfuerzo promedio de los países miembros de la organización.
Según su apreciación, si se proyecta el eventual crecimiento de dicho costo (160% entre 2011 y 2019 considerando antecedentes de la Contraloría), el compromiso fiscal asociado podría volverse “insostenible”. Para el experto existen dos principales causas que podrían generar un crecimiento del gasto en gratuidad. Primero, cada año podrían adscribirse nuevas instituciones a la política siempre y cuando levanten la solicitud de adscripción al Ministerio de Educación (Mineduc) y cumplan con los requerimientos de acreditación. En este sentido señaló que, “basándose en la matrícula 2019, la adscripción de cuatro IES a la política implicaría un incremento por sobre los $ 200 mil millones del gasto fiscal en la materia”.
Adicionalmente, “la Ley N° 21.091 establece ciertos gatillos de recaudación fiscal a partir de los cuales el financiamiento por gratuidad tendría que expandirse paulatinamente en cobertura hacia los deciles 7, 8, 9 y finalmente hasta la gratuidad universal una vez que los ingresos fiscales representen un 29,5% del PIB tendencial del país”.
Carpentier concluyó que a la fecha el financiamiento por gratuidad no ha logrado cumplir con los objetivos planteados por sus principales promotores, pues la participación neta de los estudiantes vulnerables en la ES no ha aumentado desde que se implementó. “Peor aún, los incentivos generados por la política provocaron una concentración de los estudiantes de los seis primeros deciles en los planteles adscritos a la gratuidad, afectando de manera negativa la diversidad socioeconómica observada al interior de las casas de estudio”, indicó.
Para el rector de la Universidad San Sebastián, Carlos Williamson, el problema no es el nivel de gasto en la educación superior, sino su distribución. “En efecto, al instalarse la gratuidad como modelo de financiamiento estudiantil, que el 2021 llegará a U$ 1.500 millones, se restringen los espacios para canalizar más aportes públicos para la investigación. Es políticamente incorrecto decirlo, pero que es una verdad insoslayable, qué duda cabe”, opinó.
Asimismo, el economista y académico Sebastián Claro se pregunta ¿cómo es posible que un aumento del gasto de 84% tenga a las instituciones de educación superior complicadas?, agregando que “este problema se ve agudizado ya que no se distingue entre docencia e investigación, por lo que la fijación de miles (sí, ¡miles!) de aranceles de gratuidad por parte del ministerio hace imposible reflejar adecuadamente la realidad de cada institución”.
Por su parte, Libertad y Desarrollo propuso frenar la extensión de la gratuidad y mantener su cobertura actual en los alumnos provenientes del 60% de menores recursos del país, y al resto de los alumnos conservarles becas de arancel que no discriminen por tipo de institución, así como un sistema de créditos contingentes al ingreso.
Revisa versiones
Texto actualizado y completo de la Constitución Política de Chile de 1980.
