La Comisión de Educación de la Cámara de Diputados (as) organizó una jornada temática que debatió sobre el sentido de la desmunicipalización, su evaluación y proyecciones.
La Comisión de Educación de la Cámara de Diputados (as) y el Centro de Investigación para la Educación Inclusiva de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso realizaron, el 12 de marzo de 2021, el seminario “La educación pública que queremos”, la cual analizó de sentido de la misma, su evaluación y proyecciones.
El sentido de una educación pública
La jornada partió con la intervención del experto del Centro de investigación Avanzada en Educación de la Universidad de Chile, Cristián Bellei, quien se refirió a los desafíos de la nueva educación pública mediante la desmunicipalización.
Entre sus observaciones, Bellei llamó a pensar en una nueva educación al alero de la nueva Constitución, la cual estimó debe ser inclusiva y no discriminatoria.
Luego, expuso el presidente del Colegio de Profesores, Carlos Díaz, quien defendió la salud y la vida de los escolares, en medio de la pandemia por Covid-19.
Al respecto, pidió cambios radicales y de forma al sistema escolar, quedando estos estipulados en la nueva Constitución. Además, solicitó avanzar hacia un sistema de gratuidad completa, partiendo en la sala cuna y finalizando en la educación superior.
A su vez, la directora ejecutiva de Acción Educar, Magdalena Vergara, comentó que “el Estado no puede tener el monopolio de la educación, y por eso los privados juegan un rol importante en el sistema educativo, ya que promueven proyectos distintos”.
En esta línea, tocó el punto de la libertad de enseñanza, manifestando que esta “implica promover y reconocer la existencia de diversos proyectos educativos que atienda a la preferencia de los padres, es decir, garantizar la posibilidad de elección, de crear, organizar y mantener establecimientos educacionales”.
Lo anterior, lo relacionó con la comprensión de la diversidad y pluralidad de la democracia que tiene el país: “No podemos pensar que pueda existir un único proyecto educativo, donde exista una educación homogeneizada o que todos quieran educar a sus hijos bajo una sola fórmula”, señaló
Asimismo, el rector de la Universidad de Playa Ancha, Patricio Sanhueza, llamó a no debilitar a las universidades ni a las ciencias. “Lamentablemente, como país no somos capaces de levantar la mirada. Tenemos aún concepciones que nos separan fuertemente de países que observan que los recursos destinados a la educación, a la ciencia y tecnología, la creación, innovación y emprendimiento de base científica son inversiones con sentido de desarrollo sostenible y duradero”, recalcó.
Agregó que desde la Agrupación de Universidades Regionales (AUR), “hemos propuesto medidas para revertir el panorama que no aumentan la carga al erario estatal, sino que permiten aprovechar estratégicamente recursos propios de las universidades como el Fondo Solidario de Crédito Universitario, flexibilidad administrativa, reestudiar la propuesta de aranceles regulados y el modelo de financiamiento, condonar el reintegro de recursos de becas, dar facilidades de endeudamiento de largo plazo con garantía estatal, ampliar el acceso a recursos de los gobiernos regionales en tanto las universidades contribuyan al desarrollo territorial, entre otras propuestas”, planteó.
Por su parte, la diputada Cristina Girardi (PPD) planteó algunas interrogantes en relación a la reforma de la educación pública y al rol que juega el Estado en ese contexto.
“Lo que nos preocupa, desde los servicios locales, es la diminución de los fondos y cómo el Estado asume esta nueva responsabilidad (…) Entendemos que aquí no es solo un tema de financiamiento, sino que del rol que se cumple”, indicó la parlamentaria.
Evaluación y proyección de la educación pública
La académica de la Universidad de Chile, Teresa Flores, se refirió a las fortalezas y desafíos en la puesta en marcha de la ley 21.040, que crea el Sistema de Educación Pública.
“La ley tiene declaraciones de principios interesantes que contribuyen, pensando en una nueva dirección. Se promueve la declaración del trabajo en red, los proyectos inclusivos, integración con el entorno y la comunidad, pero se mantiene la lógica gerencial. Para poder generar una ley exitosa hay dos ejes importantes: Mantención del sistema de financiamiento y mantención de políticas accountability de mercado”, señaló Flores.
También entregó algunas recomendaciones que se relacionan con aspectos de factibilidad de la instalación del Sistema de Nueva Educación pública (SLEP), entre ellas: Fortalecer los planes o convenios de transición como instrumento que facilite el adecuado traspaso de la administración municipal al SLEP, anticipar y planificar las condiciones necesarias para la adecuada implementación de los nuevos SLEP que se integran a partir del año 2022, y asegurar la existencia de una Estrategia Nacional de Educación Pública en el corto plazo, con el fin de que los actores del sistema puedan contar con un marco más claro en términos de la visión y los aspectos prioritarios para el desarrollo de sus planes estratégicos.
Luego, Vicente Sisto, del Centro de Investigación para la Educación Inclusiva de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, relevó que “las políticas de evaluación y rendición de cuentas basadas en estándares no favorecen el fortalecimiento de la educación”.
El Doctor en Psicología Social manifestó que la literatura internacional dice que dentro de las consecuencias de la estandarización estarían la deserción escolar, estrés, aumento del malestar, pérdida de sentido del trabajo, aumento de la conflictividad al interior de la escuela, y debilitamiento de los lazos sociales y comunitarios al interior de la escuela, por mencionar algunas.
Por su parte, Christian Figueroa, de la Corporación Nacional de Funcionarios/as de las Direcciones de Administración de Educación Municipal del país (Conafudaem), denunció que “la priorización curricular que propone el gobierno para este año atenta directamente contra del derecho al trabajo de todos las/os docentes y el derecho a la educación de miles de estudiantes, cuyas asignaturas no se consideran troncales”.
Además, rechazó “el modo como el Ministerio de Educación, una vez más, impone planes y programas y modificaciones curriculares a espaldas de los propios trabajadores/as de la educación”.
La diputada Camila Rojas (Comunes), en tanto, indicó que existe una pugna de ideas respecto del sentido de la educación de hoy.
“Se decía que el sentido del aprendizaje hoy no es el primer objeto, sino que tiene mucho más que ver con cumplir ciertos resultados. Yo creo que acá hay una pugna que es necesario visibilizar para tomar una opción”, manifestó la parlamentaria.
Entre las conclusiones y recomendaciones de la jornada, el segundo Vicepresidente de la Cámara y miembro activo de la Comisión de Educación, diputado Rodrigo González (PPD), recalcó la importancia de reflexionar en torno a un cambio en el sistema de educación pública.
“La ley de nueva educación pública ha fallado sustantivamente en el cumplimiento de sus objetivos, los que eran asegurar el derecho a la educación de manera universal, asegurar que la educación esté vinculada al desarrollo del país, brindar bienestar (…) y una educación centrada en mejorar la calidad en lo pedagógico y la innovación en los métodos educativos, de manera que los estudiantes se apasionen por aprender”, argumentó el legislador.
Revisa versiones
Texto actualizado y completo de la Constitución Política de Chile de 1980.
