Reportaje revela graves irregularidades en fondos para educación

04 Agosto 2021

El Consejo de Defensa del Estado mantiene 41 causas abiertas por eventual malversación de fondos fiscales correspondientes a programas de educación por un monto que supera los $ 41.800 millones.

Un reportaje publicado por La Tercera relevó la situación existente en la educación escolar de la comuna de Tierra Amarilla en la Región de Atacama, que al igual que en el resto del país ha debido enfrentar las consecuencias del confinamiento por la situación de pandemia, pero que en este caso se suma a muy deficientes indicadores educacionales.

El cuadro se ve especialmente agravado al considerar que hay más de $ 11.290 millones -correspondientes a la Subvención Especial Preferente- que se perdieron entre 2014 y 2017, y que en estos momentos es materia de investigación por parte del Ministerio Público. Esta es una situación que también ha dado lugar a sumarios administrativos por parte de la Contraloría General de la República, atendidas las irregularidades detectadas.

Pese a que la investigación está en curso, funcionarios y fuentes consultadas por el mismo medio manifestaron que el “modus operandi” por el cual desapareció el dinero de las subvenciones fue el mismo por el cual se cometieron los delitos que mantienen a dos exalcaldes procesados (Osvaldo Delgado en 2017 y Mario Morales en 2020), es decir, inflando precios de proyectos y cobrando coimas.

Una situación así vivió Alicia García, directora de la Escuela Víctor Manuel Sánchez Cabañas, que con 472 escolares es una de las más grandes de la comuna. Cuenta que, en el período de Osvaldo Delgado, asesores municipales la querían obligar a firmar proyectos que claramente tenían sobreprecios, a lo que se negó.

A su vez, Rogelio Pizarro, director de la Escuela Básica Marta Emiliana Aguilar, dijo que “nunca tuvimos una explicación que nos dejara tranquilos y muchos recursos se fueron para pagar sueldos. Seguramente en la DAEM había funcionarios a los que se les pagaba con platas SEP (Subvención Escolar Preferencial), sin que se les requiriera realmente en los establecimientos (.). Probablemente las platas se iban para otros intereses y no para los niños”.

Asimismo, el director de la Escuela Luis Uribe Orrego, Cristián Rojas, contó que hace un par de años “con mi familia tuvimos que hacer colectas para juntar hojas para las fotocopias. Esto se arrastra hace años y estos son sectores muy vulnerables, pero tenemos las manos vacías”.

Las autoridades han aplicado varias sanciones frente a estas irregularidades. En 2017, la Superintendencia de Educación intervino la DAEM (Departamento de Administración de Educación Municipal) y colocó a un administrador provisional durante un semestre, para intentar ordenar el desastre.

Y el año pasado, los colegios de la comuna fueron multados con rebajas en sus subvenciones SEP, luego de que la DAEM no pudiera justificar los gasto. Así, el colegio de la directora García perdió hasta el 60% de sus subvenciones, y el plantel del director Pizarro no recibió ningún peso de subvención.

Estas irregularidades, que se arrastran desde hace al menos siete años -aunque varias fuentes consultadas afirman que el escándalo es de más larga data- han tenido, como era de esperarse, un profundo impacto educacional en los niños de sus 12 colegios.

Las causas vigentes del CDE

Con todo, y aun cuando es el monto más abultado, el caso de Tierra Amarilla no es aislado. Son varios los municipios y corporaciones municipales de educación respecto de los cuales el Consejo de Defensa del Estado (CDE) tiene 41 causas abiertas por eventual malversación de fondos fiscales correspondientes a programas de educación por un monto que supera los $ 41.800 millones.

En Arica, $ 9.068 millones de la SEP no han sido justificados; en La Florida falta justificar $ 2.224 millones del FAEP (Fondo de Apoyo a la Educación Pública); y en Linares hay $ 1.798 millones de la SEP sin acreditar.

Los casos de irregularidades con subvenciones escolares también están en conocimiento de la Superintendencia de Educación. El más reciente de ellos es el de San Bernardo, por hechos ocurridos en el período de la exalcaldesa y hoy diputada Nora Cuevas (UDI).

Según el organismo, los problemas vienen ocurriendo desde 2015, cuando la Corporación Municipal de Educación y Salud de San Bernardo no acreditó el uso de $ 10.711 millones, lo que le valió una multa del 5% de la subvención durante cuatro meses.

Una situación similar enfrenta la Corporación Municipal de San Fernando, caso que ha aparecido en los medios debido a las reiteradas faltas que se han cometido: la Superintendencia de Educación la ha fiscalizado 218 veces entre 2017 y 2020, aplicando 36 sanciones, que van desde multas hasta la inhabilitación del sostenedor.

Otra comuna complicada es la de Recoleta. Aquí, la institución señala que se ha entregado “información no ajustada a la realidad en reiteradas oportunidades, tanto en el proceso de Rendición de Cuentas, como en el de Acreditación de Saldos, dejando de rendir más de $ 4.236 millones en el proceso de Rendición de Cuentas de recursos del año 2019”.

Uno de los casos más recientes derivados a la Fiscalía es el de Punta Arenas, municipio que está pronto a desmunicipalizar su educación: el 26 de marzo pasado la superintendencia entregó antecedentes que muestran que en la corporación de dicho municipio hay $ 331 millones sin justificar.

En marzo, la superintendencia también derivó al Ministerio Público el caso de Valparaíso, que es similar al de Punta Arenas: entre 2018 y 2019 el saldo no acreditado disminuyó de $ 4.582 millones a $ 2.344 millones.

El municipio dirigido por Jorge Sharp ya estaba bajo la mirada de la Contraloría, organismo que el año 2020 inició un juicio de cuentas por el mal uso de $ 931 millones que tenían fines educacionales.

La Superintendencia de Educación dice que en los incumplimientos de estos cinco sostenedores “involucran montos elevados de subvención que no se encuentran en las cuentas bancarias respectivas, por lo que podríamos evidenciar un posible mal uso o desvío de recursos a otros fines. Por tanto, remitimos los antecedentes al Ministerio Público, con la finalidad de que puedan investigar y tomar las medidas que la ley contemple”.

Reflexiones finales

Es preocupante que recursos que están destinados a apoyar la educación de alumnos prioritarios y preferentes -pertenecientes a los segmentos más vulnerables-, renovación de equipamiento y mobiliario tanto en liceos como en escuelas o bien para infraestructura educacional, se dilapiden o desvíen de sus objetivos. Por eso, “la transparencia en las entidades municipales resulta fundamental, como reiteradamente se ha hecho ver, y donde se ha acusado deficiencias en esta materia, que impiden evaluar el adecuado servicio y una mejor trazabilidad en el uso de los recursos públicos”, editorializó La Tercera una vez conocido el reportaje.

Hoy, que se está desarrollando la nueva institucionalidad en la educación pública a través de los Servicios Locales de Educación Pública y en que los recintos educacionales están siendo gradualmente traspasados por las municipalidades, “es fundamental despejar cualquier duda sobre las condiciones y manejo que se ha hecho de las asignaciones a los programas y desarrollar una más acuciosa fiscalización y labor preventiva por parte de la Superintendencia de Educación”, concluyó el mismo medio.
 


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