Liceo Polivalente El palomar

Proyecto de ley:
Estatización de los recursos hídricos.

Nuestro mensaje
Presidencial  es impulsado por la intensa
lucha social que se levanta en distintos lugares de chile y el mundo, que
exigen mejoras en la calidad, distribución y priorización de este indispensable
recurso.

El manejo de los
recursos hídricos en chile está sujeto a la constitución y se rige según el
código de aguas de 1981, ambas directrices legales fueron dictaminadas durante
una dictadura miliar, aceptadas, profundizadas y legitimas durante los
sucesivos gobiernos de la concertación, gracias a esto los recursos hídricos del
país están explícitamente sujetos al libre mercado, donde son tranzados como
cualquier mercancía.

Abordamos también la
crisis hídrica en chile, donde el modelo extractivista funciona fuertemente,
los recursos hídricos son fuertemente utilizados en los distintos ámbitos,
entre los cuales destacan el celulósico, minero, agropecuario, donde también
las empresas forestales atacan a nuestro medioambiente.

Dirigiéndonos a la
realidad regional, la crisis hídrica es evidente, paradójicamente los privados
han desertificado el desierto. El rio de Copiapó es explotado por alrededor de
28 empresas mineras y distintos sectores agrícolas principalmente orientados a
la producción de uvas.

En la región la
crisis hídrica no se debe a la falta de lluvias si no a la sobre explotación, el
sector minero se lleva alrededor de 19,8% del agua del rio Copiapó, mientras la
agricultura el 59,1% siendo esta ocupada para el riego, dejando así un 20,6% de
agua potable.

Debido a lo presentado anteriormente proponemos:

Cambio a la constitución de Chile,
tiene que hacerse efectiva la derogación del inciso final del numeral 24 del
artículo 19, que permite la privatización del agua a través de la siguiente
frase:

“Los derechos de los
particulares sobre las aguas, reconocidos o constituidos en conformidad a la
ley, otorgaran a sus titulares la propiedad sobre ellos”.

El legislativo tendrá
que reformar esa parte de la constitución. Reformarla con razón y sentido
público, donde se priorice el agua para uso de las personas, que no se superponga
el lucro por encima de la necesidad de la gente.

El cambio a la
constitución traería consigo la derogación del código de aguas de 1981 y la
expropiación progresiva  de los derechos
aguas, la expropiación sería llevada a cabo en las regiones con mayor necesidad
y así sucesivamente se expandiría hacia las otras regiones del país.

Proponemos la creación de “Unidad Reguladora de Servicios
de Agua”, entidad estatal con carácter regulador en
materia de calidad, producción de agua potable para su posterior distribución,
servicio de saneamiento (recolección de aguas servidas, evacuación y
tratamiento de las mismas), planteamos que se establezca la correcta
priorización del agua; colocando en primer lugar el consumo humano, luego para
la agricultura, después para mantener las reservas y finalmente para el uso
industrial o las actividades mineras. Esta entidad trabajará conjunto con el
ministerio de salud y la super intendencia de servicios sanitarios, quienes
establecerán los márgenes sanitarios correspondientes.

Proponemos la creación también de “Distribuidora
Sanitaria del Estado”, quien tendrá a cargo el
abastecimiento de agua potable en todo el territorio nacional, la
administración deberá  llegar con sus
servicios en el menor tiempo posible a la mayor cantidad de centros poblados,
no importando la cantidad de habitantes ni su condición socio-económica, esta
distribuidora trabajara en conjunto con el ministerio de obras públicas, a
través de la dirección de obras hidráulicas, quien proveerá de infraestructura
necesaria para; incorporar nuevas áreas de riego, drenaje de aguas de lluvias,
proveer infraestructura para el abastecimiento de agua potable a las
localidades rurales, con el fin de contribuir al incremento de la calidad de
vida, mediante el mejoramiento de las condiciones sanitarias de este sector.