Uno de las principales dificultades para materializar la implementación de las medidas necesarias para la integración a la sociedad de los ciudadanos con capacidades diferentes, es el paradigma antagónico de asistencialismo social con respecto a las personas con discapacidad
En la realidad actual, el único organismo que debe velar por la inclusión e integración social de los ciudadanos con capacidades diferentes es el SENADIS, Servicio Nacional De La Discapacidad, el cual en su carácter de servicio no tiene la facultad, ni el poder político para regular la implementación de las medidas necesarias para el desarrollo normal de las personas con esta dificultad en el ámbito tanto publico como privado, lo cual es responsabilidad de cada uno de los diferentes ministerios en sus distintos campos, lo que deja a una amplia realidad de personas que quedan en situación de desprotección por parte del estado, impidiendo su desarrollo integro, convirtiéndolos en víctima de una discriminación social indirecta, al verse excluidos de la realidad general de los ciudadanos sin esta condición.
A través del tiempo, en el ámbito legal han ocurrido una serie de reformas con el objetivo de reducir esta brecha de oportunidades entre las personas con condiciones comunes, y las personas con capacidades distintas, que pese a esto han buscado una adaptación por parte del mismo para su posterior inclusión a la sociedad, (lo que es una de las funciones principales del actual SENADIS) en vez de crear las condiciones sociales necesarias para su integración, vale decir, que no han logrado concretar cambios reales en el ámbito de educación, transporte, etc, que faciliten el desarrollo de los ciudadanos con capacidades diferentes.
La herramienta principal del estado para la regulación de estos factores es el SENADIS, antiguo FONADIS, el cual funcionaba únicamente como un fondo al cual se podía postular para recibir algún tipo de beneficio economico, que pese a su escaso financiamiento, funciono como el único medio de ayuda a los discapacitados, en el año 2010, paso a convertirse en SENADIS, ejerciendo como un servicio, el cual tiene como función general; “promover el derecho a la igualdad de oportunidades de las persones en situación de discapacidad, con el fin de obtener su inclusión social, contribuyendo al pleno disfrute de sus derechos y eliminando cualquier forma de discriminación fundada en la discapacidad, a través de la coordinación del accionar del estado, la ejecución de políticas y programas, en el marco de estrategias de desarrollo local inclusivo”
Sin embargo, cualquier desarrollo de políticas de inclusión, debe ser fomentada por un ministerio acorde al campo del que trate la materia, ya que el SENADIS no cumple una función regulatoria de implementación de medidas que permitan una infraestructura que facilite la inclusión de las personas con capacidades diferentes, quedando así impedida la reestructuración del escenario social, que permita una cómoda integración, tanto en el ámbito público, como lo serían escuelas públicas, municipalidades, centros de comercio, universidades estatales, y cualquier centro laboral público, y el ámbito privado, como transporte colectivo, escuelas privadas, universidades privadas, casas comerciales, o cualquier medio o instancia que forme parte del escenario en el que se desenvuelve un ciudadano, lo que se traduce en la discriminación indirecta a lo que nos referimos anteriormente.
Existe un enfoque erróneo, en la aplicación de los derechos humanos, en cuanto a discapacidad se refiere, ya que busca que el individuo con capacidades diferentes se adapte a la sociedad, en vez de respetar derechamente sus derechos y permitir que pueda desarrollarse plenamente en una sociedad adaptada que haga factible la igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos.

El Estado chileno necesita un organismo que le sirva de herramienta para regular y vigilar la aplicación de todas las medidas necesarias para el desarrollo integro de las personas con capacidades diferentes, a través de la fiscalización de los diferentes ministerios, velando por que ejerzan su función considerando siempre la realidad de no tan solo los ciudadanos con condiciones comunes, si no que también a los que poseen algún tipo de discapacidad. Es por esto que planteamos la necesidad de la creación de una “Subsecretaria de inclusión e integración social”, que pese a pertenecer al campo del ministerio de desarrollo social, procure implementar, regularizar y fiscalizar todas las medidas necesarias para un desarrollo pleno de las personas con capacidades diferentes, en cada una de las funciones que deban ejercer los diferentes ministerios, es decir que deberá procurar que exista un escenario social adaptado para la igualdad de oportunidades y el disfrute pleno de las mismas para cualquier ciudadano.
Dicha subsecretaria deberá preocuparse de que, tanto en el ámbito privado como el publico exista una implementación de medidas integradoras. Deberá regular que las infraestructuras de los diferentes servicios, instituciones, etc., sean aptas para el uso por parte de personas con diferentes capacidades. Deberá procurar que servicios como: Transporte colectivo, escuelas tanto privadas como municipales, universidades estatales y privadas, centros laborales varios, aceras , y cualquier elemento que pertenezca al escenario social en que se deban desenvolver los ciudadanos, faciliten el desarrollo pleno de todos los ciudadanos, acabando así con la exclusión y la discriminación social indirecta que existe hacia las personas con capacidades diferentes, al no haber una real integración social por parte del estado, debido en gran medida a las escasas herramientas que posee para este campo.
Es con esta medida que pretendemos acabar con el paradigma antagónico del asistencialismo social al ciudadano con discapacidad, que esta vigente en la actual legislación, la cual pretende que el ciudadano en cuestión deba adaptarse a la sociedad, fortaleciendo la exclusión de los discapacitados, al verlo como alguien que debe cambiar para ser aceptado por la misma, y para poder recibir todas las oportunidades que recibiría un ciudadano con condiciones comunes, y para poder gozar de todos sus derechos . Al reemplazar este esquema, por un esquema en el que más bien se transforme el escenario en el cual los ciudadanos se desenvuelven, para consolidar la igualdad de oportunidades y la igualdad de derechos que como ciudadano merecen.
La misma “Subsecretaria de inclusión e integración social” deberá también preocuparse de acabar con la segregación que existe dentro de la misma realidad de ciudadanos con capacidades distintas, ya que incluso la poca inclusión social que existe actualmente, no es factible para toda la comunidad, ya que la ayuda que entrega el estado se ve dificultada por el estatus social del discapacitado en sí, el cual se ve impedido por ya sea por su ISAPRE (ya que su atención medica se verá dificultada acorde a la misma), por su estatus social (una persona en condición de indigente se verá prácticamente excluido de la mayoría de los beneficios sociales), o incluso el sector en el que resida ( al vivir en una zona rural vera dificultada la atención de los servicios públicos) por lo que la subsecretaria deberá tener una mirada cuidadosa en cuanta vigilar que los beneficios y las medidas planteadas sean implementadas en toda la realidad de la ciudadanía chilena.
Es por eso que como equipo consideramos que hoy es el momento ,en donde nuestro país debe avanzar en materia de integración e inclusión social, fortaleciendo los derechos de los personas con capacidades diferentes y los deberes que nos competen a todas y todos como ciudadanos que formamos parte de este mundo globalizado, ad-portas de la sociedad del conocimiento a la cual no podemos arrastrar esta inequidad con nuestros iguales; momento donde se quiere trabajar para solucionar las diversas carencias que nos acontecen como sociedad, es momento de un cambio, y este cambio está en nuestras manos, es hoy donde podemos apelar por los derechos de todos nuestros ciudadanos, no podemos dejar que esto siga así, no podemos permitir que como comunidad sigamos viviendo con las mismas carencias, por eso que debemos fortalecer el desarrollo de un futuro integro e inclusivo del cual la segregación y discriminación ya no sean parte de nuestro convivir.