Nuestro proyecto de ley está interesado en la situación actual del adulto chileno y las necesidades que tiene tanto de tipo social, económico o de salud; todo esto se realizará teniendo en cuenta que la población longeva del país ha ido incrementándose y lo seguirá haciendo. Por lo mismo, el proyecto ampara a los adultos mayores considerando su vulnerabilidad en la sociedad, conociendo las marcadas diferencias en los índices de la situación socioeconómica.
La evolución de la población chilena se caracteriza por un permanente envejecimiento, expresado en una tendencia a la disminución de la población joven (producto del decrecimiento en la fecundidad y el consiguiente descenso de la natalidad) y un aumento de la proporción de la población mayor.
Durante los años 2006 y 2011, la población adulta mayor tuvo un crecimiento de un 2.6%; si recurrimos a distintos informes estadísticos en los últimos años, todos ellos indican que cada vez habrán más adultos mayores por cada cien niños menores de 15 años, llegando esta cifra a 70 adultos por cada 100 niños en el año 2014; esto a nivel país, ya que en la región de Magallanes, por ejemplo, encontramos 105 adultos mayores por cada 100 niños.
En otro ámbito, la pobreza alcanza al 7,9% de las personas mayores del país. Esta tasa de pobreza es, prácticamente, la mitad de la que presenta el resto de la población que alcanza al 15,7%.
Se muestra también la desagregación de las personas mayores bajo la línea de la pobreza según quinquenios de edad. El tramo etario donde existe mayor porcentaje de personas mayores pobres, a nivel nacional, es el de 60-64 años. Esto puede tener correlación con la desvinculación de los mayores con el empleo formal y el desajuste en términos de la pensión.
En otro aspecto, conforme a los resultados por CASEN 1992, el 43% de la población adulta mayor ocupada no está afiliada a un sistema previsional, lo que representa un universo de más de 120.000 personas, situación grave en zonas rurales que urbanas. En áreas rurales, la mitad de nuestra población objetivo que desarrolla actividades económicas, no estaba afiliada al sistema de previsión social. En cuanto a recepción de beneficios en dinero por retiro y/o pensión asistencial, un estudio realizado por MIDEPLAN en conjunto con la Universidad Católica citado en el documento de Política Nacional, señala que el 73.3% de los adultos mayores recibía alguno (el 4% recibía ambos), mientras que el 20% de los entrevistados expresaba no recibir nada. De ellos, solamente un 40% era ayudado por familiares. Los afiliados a ISAPRES son solamente el 8.8% de los adultos mayores. La parte estatal para los más desposeídos está a cargo del Fondo Nacional de Salud, FONASA, que de acuerdo a los resultados de CASEN 1996, otorga cobertura al 76.9% de los mayores de 60 años.
Percepciones de los adultos mayores de sí mismos: Al respecto son muy interesantes los resultados del estudio “Encuesta de Necesidades de los Ancianos en Chile”, auspiciado por la Organización Panamericana de la Salud y realizado por el sociólogo O. Domínguez, relativo a entrevistas realizadas en un universo de 1.572 adultos mayores de las comunas urbanas de la Región Metropolitana, que entrega la percepción de los senescentes frente a su propia salud y funcionalidad para las actividades cotidianas, como indicadores de bienestar físico, mental y social.
Respecto a la noticia redactada por ‘‘El Pulso’’ el 16 de agosto del presente año, Chile: un país amigable y costoso para el adulto mayor, plantea que: ‘‘cuando la inflación anual se encuentra fuera de la meta fijada por el Banco Central, la sociedad ve disminuido su bienestar. En particular, cuando la inflación es alta, hay grupos que sufren más que otros. Uno de estos son los hogares de adultos mayores(…), mientras el promedio de los hogares otorga 6,4% de su gasto a la división salud, los hogares de adultos mayores destinan el doble, vale decir, un 12,1% de su presupuesto mensual para la compra de medicamentos, atenciones de salud y otros gastos asociados con ella.’’
La política de protección social chilena ha avanzado desde una ampliación de las prestaciones sociales estatales mediante la focalización del gasto social hacia una política social más integral, que articula un conjunto de programas en una red de protección social. Si bien el énfasis está puesto en proteger a la población más vulnerable de los riesgos e inequidades asociados al desarrollo, la estrategia de protección social apunta a convertirse en un sistema universal.
Por último, de acuerdo a las leyes que rigen al adulto mayor en Chile, la más importante respecto al tema que se está tratando es la ley 20255, en ella se establece una reforma previsional que plantea que en términos generales cambios que apuntan a modificar el sistema de pensiones chileno reforzando el proteger a aquellas personas que no ahorraron para su vejez en ningún sistema de pensiones,financiado con recursos públicos; el ahorro voluntario.

Considerando los antecedentes actuales a los que está sometida la población de la tercera edad, nuestro objetivo principal es, como plantea el nombre del proyecto, dar fin a la selección de acceso a beneficios estatales en adultos mayores y con ello también se alcanzará la igualdad en este rango de habitantes, disminuyendo la segregación y acrecentando su calidad de vida mediante el envejecimiento activo. Para llevar a cabo este planteamiento, será necesario crear una nueva norma que rija los puntos tratados.

Pretendemos fijar una nueva norma que se concentre en darle fin a la selección de acceso a beneficios estatales en adultos mayores y dentro de sus propuestas se enmarca:
• Otorgar mayor igualdad a la población de la tercera edad, la cual, en este marco, no se verá limitada al querer optar a un beneficio otorgado por el estado.
• Proponemos que los gastos producidos por la nueva norma serían financiados con dinero del Ministerio de Desarrollo Social; de esta entidad se utilizará lo que se estime conveniente de acuerdo al presupuesto nacional y de acuerdo a ello se realizarían las regulaciones correspondientes.
• Asimismo, la nueva norma disminuirá la segregación entre adultos mayores. Todos tendrán acceso a los beneficios del estado sin ser seleccionados.
• Se mejorará la calidad de vida de la tercera edad, aspecto que estará dado en su relación con el envejecimiento activo.