Según cifras del Ministerio de Educación (2017), 75.000 niños migrantes están matriculados en el sistema escolar chileno, al respecto consideramos que hubo un vacío en la forma en la que se lleva a cabo el convenio internacional sobre los derechos del niño (UNICEF), que ratificó Chile en el año 1990, al momento de legislar la “Ley General de Educación”(LGE), por lo que este proyecto busca incorporar modificaciones en dicha ley, específicamente en el caso de los niños inmigrantes que estudian en los establecimientos educacionales chilenos, para que se detallen cuáles son las obligaciones al tomar medidas especiales para estos casos, y que además se especifique cuáles serían las adaptaciones curriculares posibles atendiendo a la diversidad en el aula. Todo esto entendiendo la educación de calidad como un derecho fundamental.