creación de un organismo fiscalizador ejecutor y promotor exclusivo de la ley veinte mil novecientos once.Notamos que dicha ley deja fuera a las personas que no están en la etapa escolar independiente de su condición social es decir padres y madres de familia los cuales no están en sintonía con lo que propone dicha ley por lo que es necesario que dichas personas comprendan los conceptos básicos cívicos teniendo en cuenta la formación cívica sustentable. Además se propone la creación de un fondo concursable cuyos recursos se otorgarán dependiendo de la localización geográfica de los establecimientos con respecto a los centros cívicos centrales nacionales relevantes ya que el dinero no puede ser un limitante para las aspiraciones de los futuros ciudadanos el Estado debe hacerse cargo.Ambas ideas contemplan el pilar fundamental de la educación cívica que es la descentralización e integración cívica nacional aportando los objetivos de la regionalización