Diagnóstico y problema.
El sistema educativo formal vigente en Chile, no contempla ninguna fórmula que contribuya a nivelar los conocimientos de los estudiantes a la hora de ingresar a la educación superior, aun cuando la Ley General de Educación (en adelante LGE), en su artículo 3ro letra c declare que: -El sistema propenderá a asegurar que todos los estudiantes tengan las mismas oportunidades de recibir una educación de calidad, con especial atención en aquellas personas o grupos que requieran apoyo especial-. Esta diferencia, entre el texto legal y la realidad de la educación chilena, en nuestra opinión genera, que a inicios de las carreras de la educación superior, los estudiantes no comiencen en una relativa simetría de oportunidades que les permita colaborar o competir en igualdad de condiciones. Tomemos el ejemplo de un Liceo Polivalente, en su área técnico profesional un estudiante secundario ha tenido solo dos años de asignaturas de ciencias, (biología, física , química), por lo tanto, si sortease con éxito la Prueba de Selección Universitaria (en adelante, PSU) e ingresara a la universidad a estudiar Kinesiología, no podría iniciar su carrera en las cátedras de anatomía (tan típicas en el área de la salud) en igualdad de condiciones que un compañero de su mismo liceo, mismas calificaciones, misma PSU, que optó por la educación humanista y científica, donde a lo menos tiene seis horas a la semana de ciencias repartidas en las distintas disciplinas. Esta triste realidad se eleva a la décima potencia si la comparamos con alguno de los colegios de elite, donde según todas las mediciones a las que es sometido el sistema educacional chileno (SIMCE, PSU, PISA, TIMS, etc), se entrega una educación de mayor calidad académica. Lamentablemente, ejemplos como este se repiten a lo largo de todo Chile, entre las distintas realidades que conviven en el sistema educacional destacando , como más arriba se mencionó, la conocida brecha de calidad que arrojan las pruebas estandarizadas entre establecimientos públicos, subvencionados y privados. Esto nos lleva a concluir que hay una asimetría en el acceso a la educación que no es normalizada por la PSU; que se debe más a las inequidades del sistema que a la desidia de los estudiantes. Todo esto, además de ser un problema per se o un problema social, genera grandes dificultades tanto a estudiantes y sus familias como a las casas de estudios y al fisco. Partamos por los primeros:
a) Los estudiantes, presentan tasas de deserción y fracaso en primer año que sin duda son preocupantes para los niveles con que Chile se desea comparar (estándar de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, en adelante OCDE). Según el Servicio de Información de Educación Superior (en adelante SIES) dependiente del Ministerio de Educación, en su informe 2017, un 28,7% de los estudiantes de educación superior deserta en primer año debido, principalmente, a dos causas: primero bajas calificaciones, según el -Estudio para las causas de la deserción universitaria 2008- del Centro Microdatos de la Universidad de Chile; y segundo, es el llamado problema vocacional, que no es otra cosa que la elección errónea de carrera producto de la edad, inmadurez, factores económicos u otros del estudiante. Cabe señalar que esta causal es mencionada señalada como la principal para explicar la deserción detectada por el SIES para su informe 2014.
b) Segundo, las familias cargan con el oneroso peso económico de mantener a un estudiante en la educación superior que termina perdiendo el año. Según el estudio OCDE, -Education at a Glance 2017-, nos ubicamos en segundo lugar a nivel mundial con el arancel más costoso en las universidades públicas (7.654 dólares anuales) sólo superado por Estados Unidos, y el cuarto más alto para las instituciones privadas (7.156 dólares anuales). Ésto, sin contar con la manutención necesaria para que un estudiante pueda desarrollar, con relativa tranquilidad, su actividad. Sumando todos estos costos y cruzándolos con los datos de ingresos autónomos familiares, (según el Ministerio de Desarrollo Social, la mayor parte de las familias en Chile no exceden los $550000 pesos mensuales), sólo es posible encontrar una explicación plausible en el endeudamiento.
c) Tercero, las casas de estudio reaccionan de diversas maneras para salvar esta problemática utilizando, según el estudio de Microdatos, estrategias que apuntan a resolver el problema por la vía de cursos de nivelación o remédiales, tutorías externas, entre otras, incurriendo en gastos y perdiendo valioso tiempo formativo.
d) y, finalmente, según datos del estudio de la -Catedra Unesco sobre Inclusión en la Educación Universitaria- de la Universidad de Santiago, el país al año asume el costo de este drama social que alcanza los 565 mil millones de pesos, de los cuales un 33% lo paga el Estado, recursos que nuestro sistema no puede seguir dilapidando y que el país requiere sean utilizados de mejor manera.

Propuesta de solución.
Para contribuir a solucionar el problema proponemos en las carreras de la educación superior, se incluya un programa de nivelación en estudios generales o bachillerato de conocimientos de un año de duración, que puede o no, conducir a la obtención de un grado académico de carácter inicial. Para ello planteamos, específicamente, una moción parlamentaria modificatoria de la actual Ley de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (o como se le conoce coloquialmente, Ley de Acreditación), que haga requisito para obtener la acreditación de dichas instituciones, mantener un programa de nivelación de estudios integrante de la carrera cursada y que genere las condiciones necesarias de equidad, para cuando los estudiantes accedan a la etapa profesional de la carrera, lo hagan en condiciones de acceso más justas. Cabe señalar que, actualmente esto es una realidad en casi la totalidad de los países de la OCDE y que, además, según la LGE -Es deber del Estado velar por la igualdad de oportunidades y la inclusión educativa, promoviendo especialmente que se reduzcan las desigualdades derivadas de circunstancias económicas, sociales, étnicas, de género o territoriales, entre otras-. Esto de ninguna manera pretende alargar las carreras, sino ser parte integrante de ellas, todo en la forma que las propias instituciones definan para no lesionar la legítima autonomía con la que cuentan. Con ello, primero contribuimos a mejorar los estándares de equidad que la propia LGE obliga; segundo, incorporamos justicia en los procesos educativos a los estudiantes que más lo requieren (en esto hace énfasis la LGE) y que no cuentan con las condiciones académicas necesarias para enfrentar su carrera (un estudio aparte merecen las condiciones de vulnerabilidad de estos estudiantes, pero al no ser objeto de este proyecto solamente lo mencionamos a tener presente como un tema a revisar); y tercero, reducimos los costos económicos asociados a las carreras, tanto para el estado (alumnos que desertan menos, menos gastos asociados a su educación, gratuidad etc), como para las casas de estudios (públicas y privadas, ya que en las segundas estos costos finalmente son traspasados al usuario) como para miles de familias chilenas que, año a año, ven frustradas sus expectativas de lograr que uno de los suyos triunfe en el mundo académico para mejorar sus condiciones de vida (según estudios del Ministerio de Desarrollo Social un trabajador titulado en la educación superior gana un 250% más que uno que sólo cuenta con la enseñanza media completa), y terminan además de frustradas emocionalmente, comprometidas por años con la banca a saldar las cuentas contraídas por un sueño que nunca llegó a concretarse.

Proyección y expectativas de la propuesta.
La principal expectativa de la aplicación de la propuesta es: mitigar la diferencia de oportunidades en el acceso a la educación superior; incorporando cuotas de equidad académica, mejorando los índices de aprobación, bajando los índices de abandono de las carreras para acercarnos a los estándares de los países que cuentan con programas similares (casi toda la OCDE) donde, Alemania, Finlandia y Países Bajos tienen los mínimos a nivel mundial. Además, se contribuirá a la indagación vocacional, proporcionando más tiempo y experiencia para decidir con mayor certeza qué carrera seguir. Finalmente, será posible ahondar en disciplinas fundamentales para los estudios académicos, profesionales o técnicos de las carreras que seguirán, evitando la deserción como consecuencia de una elección equivocada o una preparación inapropiada, siendo esta última la principal preocupación de nuestra propuesta, ya que apunta directamente a salvar las inequidades del sistema, que además, es obligado por la LGE.

INICIATIVA JUVENIL DE LEY.
Moción parlamentaria para modificar la ley 20 129 de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior.
1. Incorpórese, en el Titulo II artículo 18 inciso 1, hablando de los considerandos de las pautas de evaluación número 1, la siguiente frase: y de equidad, después de la frase: mecanismos de aseguramiento de la calidad.
2. Incorpórese, en el Titulo II artículo 18 inciso 1, en el numero 1 la letra e) cuyo contenido debe decir textual: e) Debe contar con un programa de bachillerato general que nivele a los alumnos en los contenidos mínimos indispensable para cursar la carrera de su interés, la cual solo podrá ser iniciada certificándose la aprobación de dicho programa, siendo este parte integrante de la misma.
3. Incorpórese en Titulo II. Artículo 18, inciso 2 numero 3 luego de la frase: a la progresión de los estudiantes, la frase: garantizando una nivelación apropiada que contribuya a minimizar la deserción.
4. Incorpórese en Titulo III. Artículo 28, en la letra b, luego de la frase: los elementos apoyo a la enseñanza y el aprendizaje, la frase: que contribuyan a atenuar la desigualdad de oportunidades de acceso y permanencia en la institución".