El transporte interurbano es un medio mayoritariamente predominante en nuestro país, ya que sus precios son más accesibles para los usuarios en comparación a otros medios de transporte. Sin embargo, cuando hay épocas festivas o fines de semana largo, la situación cambia abruptamente. En uno de los últimos estudios realizados por el Servicio Nacional del Consumidor, SERNAC (previo a Semana Santa año 2015) concluyó que el 97,1% de las empresas aumentaron el precio de sus pasajes, revelándose un alza de hasta 3,5 veces en el valor de los mismos, comparado a las tarifas normales. Esto provoca que las empresas autorregulen a su propia conveniencia los exorbitantes valores que plantean en fechas de alta demanda, amenazando directamente los derechos de los usuarios y dejando a un lado su deber de avisar con anticipación el costo de sus tarifas.
El SERNAC y la Fiscalía Nacional Económica (FNE) han manifestado y expuesto varios casos donde se han dado a conocer colusiones por parte de las empresas de transporte para subir más aún sus tarifas, lo que deja en evidencia una falta de regulación, bastante necesaria para la entrega de un buen servicio y aprovechamiento del consumidor.
Actualmente, la ley 19.496 plantea normas sobre protección de los Derechos de los Consumidores; en el artículo 18 de la ley se estipula que constituye infracción a las normas de la presente ley el cobro de un precio superior al exhibido, informado o publicitado (1997, BCN) lo que evidentemente no se cumple ni se regula de manera coordinada, dejando expuesta la insuficiencia y falta de ordenamiento que se ve reflejada en los resultados porcentuales y descontento de la población. Ante esto, surge la necesidad de modificar esta ley principalmente en la forma de normalización de las tarifas en festividades, que es cuando los usuarios hacen más uso del transporte interurbano, por ende, se necesita de una regulación y fiscalización defendiendo los derechos del consumidor, abogando por sus posibilidades de accesibilidad y conformidad respecto al servicio por el cual están optando.
Dejando en evidencia la carencia de una regulación, miembros del Partido Radical han manifestado su postura al respecto, presentando así un proyecto de ley cuyo fin principal es cortar de raíz el problema de las alzas de precios de buses interurbanos de forma desmedida, estableciendo cada año un precio estándar máximo y mínimo, además de plantear un sistema que funcione como una variable de regulación. Este método planteado por los radicales sería aún más eficaz si existiese una entidad que se encargara a cabalidad de regular las tarifas y cobros excesivos, como es el caso de la Oficina Técnica de Transporte (OTTT) en República Dominicana, que ha sido catalogada como una de las mejores instituciones de ese país, y que cumple muy bien su función de regular las tarifas de buses, con el único fin de asegurar un mejor servicio a los usuarios, lo que al implementarse en nuestro país podría solucionar todo el excesivo abuso respectos a las tarifas de buses interurbanos.

Proyecto de ley:

Artículo Único: Agréguese el siguiente inciso al artículo 18 de la ley N° 19.496, sobre protección de los derechos de los consumidores, específicamente en relación a los precios de transporte interurbano, del siguiente tenor:
a. Creación de una entidad pública que dependerá del Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC) llamada Servicio Nacional de Tarifas de Transporte Interurbano (SERNATTI)

b. Su principal objetivo será regular las tarifas, fiscalizando que haya un cumplimiento en la normativa, relacionando principalmente el costo de acuerdo al servicio entregado, distancia recorrida y fechas estratégicas en las que se producen las alzas de tarifas, por ende, tendrá como rol principal regular y no imponer un máximo ni mínimo de precio a las empresas.

c. Se encargará de transparentar las regulaciones de precios estableciendo periodos de fiscalización, verificando que las oficinas de transportes interurbanos que ofrecen el servicio, informen y publiquen las tarifas a los usuarios con el fin de que éstos tengan conocimiento y a su vez la oportunidad de protesta en el caso de que las empresas no cumplan lo establecido.