La legislación sobre salud mental es necesaria y urgente para proteger los derechos de las personas que sufren diferentes tipos de trastornos mentales, ya que son un sector vulnerable de la sociedad que crece cada día. Estas personas se enfrentan en la cotidianidad a la estigmatización, discriminación y marginación, afectando claramente su estado de derecho. Los trastornos mentales afectan, en ocasiones, a la capacidad de la persona para la toma de decisiones y muchas veces se niegan a recibir un tratamiento adecuado. En este sentido, la salud mental no solo debe abordarse desde los que padecen distintos trastornos, sino también en su círculo más cercano, la familia, que muchas veces no cuentan con las herramientas para acompañar en el proceso de rehabilitación de los pacientes afectados.

La legislación sobre salud mental puede proporcionar un marco legal para abordar asuntos clave como la integración en la comunidad de personas con trastornos mentales, la prestación de una atención de calidad, la accesibilidad a dichos cuidados, la protección de los derechos civiles y la protección y promoción de derechos en otras áreas clave, como la educación y el empleo.

Actualmente en Chile la salud mental se aborda a través de un Plan Nacional de Salud Mental, a cargo del Ministerio de Salud. Se financia con el 2% del presupuesto nacional, y está enfocado principalmente al tratamiento y rehabilitación de los trastornos relacionados a la salud mental y psiquiátrica.

Si bien es cierto, varios trastornos han sido ingresados al GES (Garantías Explícitas en Salud), se ha invertido en un trabajo conjunto con instituciones como Senda y se ha facilitado la creación de centros psiquiátricos municipales, la tarea es insuficiente ya que es necesario un trabajo permanente en prevención y mejorar paulatinamente aspectos relativos a la rehabilitación y tratamiento. Por ejemplo, solo en Santiago se encuentran centros psiquiátricos especializados y que trabajan con trastornos específicos. La creación de esta ley permitiría descentralizar las políticas públicas en materia de salud mental.

De igual modo, el Plan actual de Salud Mental presenta diferentes obstáculos para lograr una atención eficaz, entre éstos se destacan la falta de recursos, la falta de especialistas en distintas áreas, la estigmatización de los trastornos mentales, la evaluación clínica inexacta.

En relación a las estadísticas, más de un millón de chilenos sufre de ansiedad y cerca de 850 mil padecen depresión. Así lo consignó el informe de este año de la Organización Mundial de la Salud, que mide la prevalencia de trastornos de salud mental en el mundo. Por otra parte la Encuesta Nacional de Salud realizada en 2010 ya indicaba que un 17% de la población chilena mayores de 15 años presenta sintomatología depresiva significativa (en el caso de las mujeres, el 25%). Uno de los más altos a nivel mundial.

La Superintendencia de Seguridad Social, ha establecido que más un tercio de las licencias médicas dicen relación con dificultades del ánimo o trastornos emocionales. Sus principales causas son estrés laboral, trastornos de ansiedad y ánimo, entre otras. El 2015 se cursaron más de 277 mil licencias, según datos de la propia institución. Estas licencias se deben a las largas jornadas laborales y los salarios bajos.

Chile es el segundo país de la OCDE que más ha aumentado su tasa de suicidios durante los últimos 15 años. En 20 años la cifra casi se ha duplicado. Junto a Corea del Sur, somos los únicos en el mundo donde la tasa de suicidio, particularmente de niños y adolescentes, aumenta año a año. El año 2000 cuatro de cada 100 mil jóvenes chilenos se suicidaron (entre 10 y 19 años). La cifra se duplicó en 2010 a ocho y los estudios señalan que para el 2020 podría llegar incluso a doce.

Respecto a la legislación en materia de salud mental en otros países, Uruguay promulgó la Ley 19.529 de salud mental. Esta ley se enfoca en los siguientes ejes temáticos: 1) Promoción y prevención en salud mental; 2) Sistema de atención de los servicios de salud mental; 3) Mecanismos de supervisión y revisión; 4) Derechos de los usuarios, familiares y cuidadores; 5) Abordaje intersectorial y Recursos humanos; 6) Evaluación e investigación.

Asimismo, Inglaterra cuenta con una Ley específica en Salud Mental, una característica central de la práctica psiquiátrica en Inglaterra es el rol que la legislación de salud mental tiene regulando la relación entre pacientes, clínicos, y servicios psiquiátricos, promoviendo la autonomía y la libertad personal de los pacientes. Asimismo, se destaca el Tribunal de salud mental que resguarda los derechos de los pacientes.

Finalmente, en relación al gasto público en salud mental, actualmente el gasto en esta área es en torno al 2,13% del presupuesto que se destina al área de salud. El promedio de los países de la OCDE, triplica esa cifra. En el caso de Uruguay, por ejemplo, que cuenta con una legislación, llega al 9% y de Canadá al 12%.

Nuestra propuesta legislativa consiste en la creación de una Ley de Salud Mental (LESM). El soporte regulatorio consiste en presentarla a través de una moción, dentro de un marco legal.

Esta nueva Ley de Salud Mental pretende enfocarse en dos aspectos claves: prevención y rehabilitación o tratamiento. De esta forma, consideramos que es fundamental que la ley permita la aplicación de diversas estrategias para la prevención de problemáticas tales como cuadros de estrés (que pueden derivar en depresión), suicidio adolescente, trastornos asociados al consumo de drogas y alcohol.

Respecto a las enfermedades mentales como bipolaridad, depresión, esquizofrenia, trastornos de la personalidad, entre otras, la ley debe asegurar el acceso y tratamiento de calidad de las personas afectadas, así como facilitar apoyo terapéutico a los familiares o círculo más cercano. De igual manera, otros trastornos como el espectro autista, donde se encuentra el síndrome asperger, no han sido cubierto totalmente por el actual Plan de salud mental, por lo que una legislación al respecto garantizará un correcto tratamiento e inserción en el ámbito laboral y educativo.

En el ámbito preventivo, planteamos el trabajo conjunto con instituciones educativas y gubernamentales en materias de salud, implementando estrategias de prevención y, además, de promoción de la salud mental, ya que muchos de los problemas asociados se generan por falta de conocimiento de las diversas enfermedades mentales que afectan a la sociedad.

En el ámbito de rehabilitación y tratamiento planteamos crear establecimientos especializados, a lo largo de todo Chile, por sectores etarios:


-Infanto – juvenil: enfocado en el tratamiento de Trastornos como depresión, ansiedad, bipolaridad, esquizofrenia, déficit de atención e hiperactividad, alimentación (anorexia y bulimia), autismo, síndrome asperger, etc.

-Otros (Adultos y ancianos): enfocado en Trastornos como depresión, ansiedad, bipolaridad, esquizofrenia, alimentación (anorexia y bulimia), cuadros de estrés laboral, estrés postparto, etc. Además de gente que posean discapacidades más complejas y requieran de más atención.






La ley también debe garantizar:

• Reducir el Valor de los medicamentos.

• Gratuidad en los tratamientos menos complejos en salud mental y en las consultas médicas.

• Los tratamientos más complejos o que necesiten más atención deben de tener precios justos y no excesivos para la economía de toda persona.

• Aumentar el porcentaje de ganancias para el campo de salud mental

• Reducir el las tasas de suicidios y de personas con enfermedades mentales.

• Recursos: Aumentar la variedad de medicamentos, personal sanitario capacitados, psiquiátricos, psicólogos, etc.

• Eliminar la evaluación clínica inexacta (errónea)

• Mejorar el Plan AUGE

• Tratamientos voluntarios e involuntarios: involuntario debe de ser por el familiar más cercano, también sugerido por algún docente o cuerpo directivo.

Respecto al financiamiento de esta ley de Salud Mental, consideramos que el 2% del presupuesto público que destina el Estado al tratamiento de la Salud Mental es bajísimo para todo lo que implica el bienestar mental y psíquico de las personas, asimismo, países que han implementado una legislación en relación al tema, destinan un 9%, como en el caso de Uruguay.

Planteamos modificar la Ley de Presupuesto, comenzando con implementar un 5% del presupuesto público en salud a salud mental, que fue lo acordado por el Ministerio de Salud en su Plan Anual diseñado el año 2010 y el cual a la fecha no se ha cumplido. De esta forma, en un plazo de 15 a 20 años ese presupuesto puede aumentar de un 5% a un 9% del presupuesto anual, para así asegurar una política pública eficaz en el cuidado de uno de los temas más necesarios y abandonados de nuestro país: la salud mental.