Colegio The Forest School -PITRUFQUEN - Región de la Araucanía
Título iniciativa: Más participación, mejor democracia.


Uno de los ejes fundamentales de la Ley 20.500 sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión Pública, tiene que ver con el reconocimiento por parte del Estado para que las personas participen en sus políticas, planes, programas y acciones, por lo tanto, la ley indica que los órganos de la Administración del Estado deberán establecer cuáles son sus modalidades formales y específicas de participación, dentro de este marco jurídico se sustenta nuestra propuesta de modificación a la Ley 20.500 específicamente en el Título IV De la participación ciudadana en la Gestión Pública.
El fortalecimiento de la participación ciudadana en la gestión pública se ha transformado paulatinamente en un desafío necesario y urgente en distintos países latinoamericanos ante una crisis de representación que no logra canalizar las demandas ciudadanas, privilegiando los elementos técnicos en la toma de decisiones por sobre el involucramiento de las masas ciudadanas en las distintas etapas de la política y gestión pública. Incluso desde el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD, 2004) se ha iniciado un proceso de reflexión tendiente a fortalecer estos distintos mecanismos participativos que involucran un rol cada vez más activo de ciudadanas y ciudadanos.
Lo anterior se ve reflejado en la sostenida baja de participación ciudadana en las distintas instancias de elección popular en nuestra actual democracia, pasando de un 90% de participación en el plebiscito de 1988, a un 63% en las elecciones de 2009 y desplomándose en las últimas elecciones presidenciales donde sólo votó un 46% de las personas habilitadas para votar. (Contreras y Navia, 2013; SERVEL, 2019).
Uno de los elementos claves para afrontar los procesos de crisis democrática en nuestro país es desarrollar gestiones más justas, eficaces y legitimas, las cuales involucren a los ciudadanos y ciudadanas en las distintas etapas de las políticas públicas. La Norma General de Participación Ciudadana en la Gestión Pública sienta las bases de esta discusión al consagrar la participación como un derecho, reconociendo tres niveles: consultivo, deliberativo-corresponsabilidad y control ciudadano, para hacer efectivo este derecho el Estado propone los siguientes mecanismos: consejos de la sociedad civil, consejo de donaciones sociales, cuentas públicas participativas, consultas ciudadanas y el sistema de acceso a la información pública relevante, si bien consideramos estas instancias como un avance, creemos que nos encontramos al debe en la sesión del poder, manteniéndonos en un nivel consultivo y no dando pasos significativos hacia una democracia deliberativa/directa y un mayor control ciudadano.
En primera instancia se hace necesario recalcar que el concepto de participación ciudadana no tiene un carácter neutral, puesto que tiene una importante carga ideológica, según sean los objetivos a conseguir. Asimismo, serán los mismos ciudadanos y ciudadanas quienes día a día buscarán y exigirán compartir algún grado de decisiones en los asuntos que afectan a los actores gubernamentales e incidir en su accionar futuro.
Uno de los puntos de inflexión en esta discusión se dio en el marco de las movilizaciones estudiantiles del 2006 y 2011, abriendo un espacio de disputa entre canales de comunicación efectivos por las diversas instituciones y la movilización social, cuestionando las formas tradicionales de hacer política. (Delamaza, 2006; Navia, 2006; Arriagada, 2007, Fernández, 2007). Así en nuestro país surgieron diversos cuestionamientos y propuestas para solucionar la crisis política asociada al concepto de gobierno ciudadano propuesto por Michelle Bachelet en su primer gobierno. Tomando un rol protagónico las luchas reivindicativas de diversos derechos y la acción colectiva como forma de protesta y válvula de escape del modelo institucional político chileno.
Las diversas formas de participación ciudadana generan un input útil a la hora de tomar decisiones en el ámbito de la gestión pública en búsqueda de la implementación de un sistema de gobernanza democrático como respuesta a las diversas demandas ciudadanas.
A partir de lo anterior se vuelve a revivir la relación entre los conceptos de Democracia Participativa y Participación Ciudadana, en la cual hoy en día se continúa privilegiando lo técnico por sobre la delegación de poder a la ciudadanía como tomadora de decisiones (Díaz Aldret, 2017). Esto último genera un choque entre el paradigma tradicional caracterizado por el agotamiento de la democracia representativa, vers us las nociones teóricas que consideran a los ciudadanos y ciudadanas como actores protagónicos en la definición de lo público y en el ejercicio de un mayor control social en las diversas etapas de la política pública.


La discusión entre democracia participativa y democracia representativa, hace surgir la noción de gobernanza, entendida como un conjunto de mecanismos mediante los ciudadanos sean capaces de articularse e influir en la toma de decisiones públicas, otorgándoles mayor legitimidad tanto en su diseño, ejecución y control social, reviviendo la discusión entre gobernabilidad y gobernanza. Dentro de la toma de decisiones públicas se reconoce que distintos actores se encuentran involucrados en la toma de decisiones, por un lado, existe la política, grupos de interés y la burocracia menospreciando a la ciudadanía dentro de una lógica top down, mientras que otra visión incluye a los ciudadanos y ciudadanas en la participación de las políticas públicas haciendo carne la noción de gobernanza.
Nuestra Iniciativa de Ley tiene por objetivo principal incorporar mecanismos de democracia directa (Iniciativa Popular de Ley y Mandato Revocatorio de autoridades elegidas democráticamente) como respuesta a los procesos de fragmentación social, baja participación y escasa institucionalización de los ciudadanos y ciudadanas, lo anterior con la lógica de empoderar a los sujetos y sujetas en todo el ciclo de las políticas públicas y así aumentar su capacidad de fiscalización y control de las autoridades, como se ha explicado y justificado anteriormente.
Modifíquese la Ley 20.500 en su Título IV De la participación ciudadana en la gestión pública.
Incorpórese artículo que señale que los ciudadanos y ciudadanas podrán ejercer el derecho de iniciativa popular de ley para presentar proyectos de Ley ante el Congreso Nacional, propuesta que debe ser revisada bajo las mismas condiciones que una moción parlamentaria.
Incorpórese artículo que consagre la existencia del mandato revocatorio, donde la ciudadanía, transcurrida la mitad del período de un representante, pueda evaluar su permanencia vía un referéndum.
Para operacionalizar nuestras propuestas y establecer los requisitos materias que sean motivo de iniciativas popular de ley y establecer las condiciones del mandato revocatorio, se hace necesario una modificación a la Norma General de Participación Ciudadana Resolución Exenta N° 087 de 12 de abril de 2016 del Ministerio de Desarrollo Social – Subsecretaría de Evaluación Social.
Tenemos claridad que nuestras propuestas podrían involucrar un encadenamiento de reformas, incluso algunas asociadas a la Ley 18.575 orgánica constitucional de bases generales de la administración del Estado, pero nos encontramos en un momento vital y trascendental para la historia de nuestra democracia, el cual requiere profundos cambios y los mayores consensos ciudadanos y políticos para revitalizar nuestra democracia.

Bibliografía.
Arriagada, G. (2006), El Juego de los Bolos y el Gobierno Ciudadano, Asuntos Públicos Nº 552, Santiago de Chile.
CONTRERAS, GONZALO, & NAVIA, PATRICIO. (2013). DIFERENCIAS GENERACIONALES EN LA PARTICIPACIÓN ELECTORAL EN CHILE, 1988-2010. Revista de ciencia política (Santiago), 33(2), 419-441. https://dx.doi.org/10.4067/S0718-090X2013000200001
Delamza, G. (2011). Espacio público y participación ciudadana en la gestión pública en Chile: límite y posibilidades. Polis Revista Latinoamérica. Dimensión de lo público. Sociedad y Estado.
Díaz Aldret, A. (2017). Participación ciudadana en la gestión y políticas públicas. VOLUMEN XXVI . NÚMERO 2 . II SEMESTRE DE 2017. PP. 341-379.
Fernández, M. (ed.) (2007) Participación ciudadana y política democrática, Documento de Trabajo Nº 17 Programa Ciudadanía y Gestión Pública, Universidad de Los Lagos, Santiago de Chile.
PNUD (2004), La democracia en América Latina. Hacia una democracia de ciudadanas y ciudadanos. PNUD, Buenos Aires.
Navia, P. (2006), Poder Popular, La Tercera, 1º de Julio de 2006, p. 8, Santiago de Chile.