Colegio San Cristobal -TALCAHUANO - Región del Bíobío
Título iniciativa: Integración e Inclusión en el transporte público


Actualmente, la Ley N° 21.015 iniciativa de inclusión, de personas con discapacidad al mundo laboral. Esta Ley tiene por objetivo incentivar tanto a los organismos del Estado, como a empresas privadas, la inclusión laboral de personas con discapacidad en igualdad de condiciones, prohibiendo todo acto discriminatorio por su condición.
Si bien sabemos que la Ley N° 21.015 tiene como fin, caracterizar la realidad de las personas con discapacidad en busca de empleo, crear informes de seguimiento y de adherencia al puesto de trabajo y a su vez, fomentar el aporte de las empresas externas que no puedan cumplir directamente con esta ley, no ha estudiado el contexto socio-económico de estas personas que se integran al rubro laboral, dejando de lado no solo el ámbito socio-económico, sino que también, el lado emocional de las personas con discapacidad, factor fundamental al momento de desarrollarse de forma autónoma y efectiva en su entorno cotidiano.

Actualmente La Ley N° 20.244 (2010) define a la persona con discapacidad como aquella que teniendo una o más deficiencias físicas, mentales, sea por causa psíquica, intelectual, o sensoriales, de carácter temporal o permanente, al interactuar con diversas barreras presentes en el entorno, ve impedida o restringida su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás.

Teniendo en cuenta lo anterior, no podemos dejar de mencionar que según las encuestas de la corporación Ciudad Accesible el año 2011, la población chilena conformaba más de un 11,6% de personas que padecen una discapacidad, es decir, aproximadamente 2.836.818 personas, de las cuales, cerca de un 49,6% sufren de dificultades físicas o movilidad.
Actualmente el II estudio nacional de la discapacidad desarrollado por el Ministerio de Desarrollo Social y el Servicio Nacional de la Discapacidad, SENADIS, en el año 2015, proporcionó nueva información dejando claro que en 4 años la población con discapacidad en Chile creció de un 11,6% a un 20,0%, alcanzando 2.606.914 habitantes


Durante el primer trimestre de 2016 se dieron a conocer los resultados del II. Estudio Nacional de Discapacidad (ENDISC) elaborado durante el año 2015, estudio que determinó que el 16,7% de la población vive con alguna condición de discapacidad, es decir, 2.836.818 personas. Estos estudios demuestran que cada año la población con algún tipo de discapacidad física, mental, sea por causa psíquica, intelectual, o sensorial, de carácter temporal o permanente, aumenta de tal manera que se hace necesario modificar algunos servicios como el transporte público, para que de esta manera todas aquellas personas, con discapacidades puedan desenvolverse en su cotidianidad de forma autónoma. Específicamente, podemos ampliar las dimensiones de los medios de transporte público, implementar herramientas que faciliten el uso de estos medios, tales como rampas automáticas, manivelas, sillas, cinturones especializados y pasillos más amplios, entre otras implementaciones para que así el individuo pueda actuar con autonomía. Un ejemplo concreto es el sistema de transporte neozelandés y su enfoque en las personas con movilidad reducida, la cual reconoce en su política de transporte e inclusión, como un principio universal que garantiza el acceso a todas las personas. Tiene como medida fundamental el cumplimiento del Esquema de Movilidad Total, que entre otros aspectos, provee de espacios seguros para las personas con discapacidad.

En su artículo N° 157 de la actual establece específicamente, que si no se puede cumplir con las condiciones mínimas que exige esta nueva ley, la empresa se verá en la obligación de efectuar donaciones en dinero a proyectos o programas de asociaciones, corporaciones o fundaciones a las que se refiere el artículo 2 de la Ley N° 19.885.
Las donaciones deberán dirigirse a proyectos o programas de asociaciones, corporaciones o fundaciones cuyo objeto social incluya la capacitación, rehabilitación, promoción y fomento para la creación de empleos, contratación o inserción laboral de las personas con discapacidad.
A pesar de las facilidades que establece el artículo N°157 de la Ley 21.015, la realidad de nuestro país es que, no está preparado para el apoyo, integración e inclusión de estas personas, ya que los medios de transporte públicos no son adecuados para las personas con discapacidad física, mental, sea por causa psíquica, intelectual, o sensorial, de carácter temporal o permanente puedan movilizarse de manera autónoma hacia sus empleos, hogares entre otros.

La necesidad de contar con un sistema de transporte público inclusivo, forma parte del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 11 de Naciones Unidas, que se orienta al logro de ciudades y asentamientos humanos inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles, como lo acuñaron lugares como Auckland y Nueva Zelandia en donde estas iniciativas están siendo incluidas en una activa política pública que busca la democratización de todas las formas de transporte.
Lo que busca este proyecto de ley, es lograr la inclusión de todas las personas que sufran alguna discapacidad motriz, tales como: físicas, mentales, sea por causa psíquica, intelectual, o sensoriales, de carácter temporal o permanente, así como apoyar la Ley N° 21.015 en su efectiva implementación.

Gracias a la actual Ley 21.015 iniciativa de inclusión, 12 mil personas con discapacidad se han incorporado al mercado laboral en el último año, según la página oficial del Ministerio de Salud. Todas estas personas, ¿tendrán como transportarse? ¿Tendrán a alguien que les proporcione ayuda al momento de ingresar a algún transporte público? Y si no es así ¿como se transportaran estas personas? Encontramos relevante dar respuestas a estas interrogantes de forma efectiva con el proyecto juvenil de Ley INTEGRACIÓN E INCLUSIÓN EN EL TRANSPORTE PÚBLICO.
La cual dará paso no tan solo a modificaciones en el medio de transporte público, sino que también más proyectos con el propósito de inclusión, tales como modificaciones en la acera implementación de rampas en el paisaje urbano cotidiano y amplitud de las veredas. Propuestos tanto en la vía pública como sectores privados, con la finalidad última, que en algún momento la sociedad alcance una inclusión efectiva.