Sin lugar a duda el principal
movimiento social de masas en nuestra sociedad actual es  el movimiento estudiantil, dentro del cual
cumplen un rol protagónico los estudiantes, estos importantes líderes de
opinión no son ciudadanos, por lo que prácticamente no tienen derechos
políticos, salvo “La ley de centros de alumnos”, establecida mediante el decreto
supremo 524 de 1990 del Ministerio del Interior y modificado el año 2006, con
la finalidad de incorporar a los estudiantes de segundo ciclo básico. A pesar
de esta condición de cierta marginalidad de los derechos políticos, los jóvenes
chilenos han demostrado que en muchos temas tienen bastante que decir. Es por esto
que creemos necesario crear canales adecuados de participación juvenil que
hagan fluir las inquietudes juveniles.

El adolecente del rango etario al
que apuntamos (14 a 17 años), a partir de la promulgación de la ley de
responsabilidad penal juvenil (20.084), ve aumentada sus obligaciones, ya que dicha
ley regula la responsabilidad penal de los adolecentes por los delitos que
cometan. Esta  normativa cae en cierta contradicción
con el derecho internacional, en particular con la declaración universal de los
derechos del niño, ya que si un adolecente de 16 años es declarado culpable es
enviado a un recinto del Servicio Nacional de Menores, vulnerando de esta forma
por ejemplo el derecho a “Escucharlos y promover que participen en
sus propios asuntos y en los asuntos de su familia, la escuela, ciudad y país.”
No obstante, no siendo de nuestro ánimo promover la derogación de esta ley, ni
la de ninguna otra, creemos necesario generar nuevas legislaciones orientadas a
ampliar los derechos de los y las jóvenes chilenos, ya que no sólo se deben
ampliar las obligaciones penales, sino que también se deben ampliar los
derechos civiles de la juventud.

Considerando los sucesos y los
antecedentes mencionados en los párrafos precedentes es que creemos que resulta
fundamental la creación de más espacios de participación política juvenil, los que
sean capaces de canalizar y sintetizar las inquietudes de los jóvenes miembros
del grupo etario ya señalado, ya que han demostrado fehacientemente que “si están
ahí con la política”. Por lo que ya se ha señalado es que creemos que
una forma para comenzar a escuchar la voz de los jóvenes podría realizarse mediante
una consulta
virtual no vinculante, en la que los jóvenes participarían de una plataforma
virtual creada para este fin, en la cual estaría la base de datos de todos los
jóvenes chilenos entre los  14 y 17 años
de edad, los cuales podrían manifestarse de forma voluntaria respecto a todos
los temas que le atañan de forma directa ejemplo: educación, deporte,
discriminación, medio ambiente, etc.

Dicha consulta no podría ser
derechamente vinculante, puesto que de ser así, estaría vulnerando el concepto
de ciudadanía,  que establece que los
chilenos mayores de 18 años que no hayan sido condenados a pena aflictiva son
quienes tienen el derecho de decidir en plenitud.  Y el objeto de la moción no es situar al
joven-adolecente a la misma altura que el ciudadano, ni que compita con este,
sino fortalecer el camino para la formación de buenos ciudadanos con un
profundo respeto, sentimiento de pertenencia 
y amor a la democracia.

En nuestra opinión, es muy
importante que la moción de nuestro proyecto de ley consulta virtual no vinculante
para
jóvenes se desarrolle de forma digital, ya que la actual generación
involucrada son los denominados “nativos virtuales” lo que queda de manifestó
en el importante rol que cumplen estos medios de comunicación en dónde los
jóvenes se sienten libres de manifestar sus diferentes opiniones respecto a los
temas del quehacer nacional e internacional.

En un plano más local, situándonos
en este mismo torneo, podemos dimensionar la importancia del medio virtual como
mecanismo canalizador, ya que la definitoria segunda fase será realizada por
este medio de comunicación.