Colegio San Buenaventura -CHILLAN - Región del Biobío


Título iniciativa:

“Mejoramiento al sistema de transporte público y reordenamiento del transporte privado”



Propuesta legislativa:

Como
jóvenes estudiantes, somos los principales deponentes de la dura realidad del
sistema de transporte nacional actual, no calificándolo como se plantea en la
teoría con sus supuestas inyecciones de dinero, mejoras “definitivas”, y los
“progresivos cambios”. Estamos, por el contrario, convencidos de que así se
agranda un problema, haciéndolo crónico, agudizándolo. Estamos también conscientes
de nuestras ansias por legislar, y al no ser políticos solo de teoría, poseemos
la capacidad de experimentar y de criticar con conocimiento de causa, teniendo
la posición desafortunada y a la vez privilegiada –por paradójico que suene– de
utilizar el transporte público y privado en su continuo deterioro.



El actual modelo de
crecimiento demográfico, de expansión superficial y no de elevación[1],
no se ajusta a los lentos avances de legislación en transportes que han sido foco
en la última década, especialmente en la capital; y tampoco a una nación en
vías de desarrollo. A partir de ello, se desprende una serie de problemáticas
que afectan a la población regularmente:



Exclusión
de personas con movilidad reducida; incumplimiento en los tiempos de viaje
urbanos; falta de seguridad de pasajeros por la vejez en el parque automotor,
no reparación de microbuses, falta de paraderos implementados adecuadamente,
entre otras. Esto se traduce en el atochamiento de calles (“cuellos de botella”),
y en un desmedro en la calidad de vida de las personas: estrés, irritabilidad,
cansancio, atrasos y menos tiempo para la familia (pilar fundamental de la
sociedad); considerando también, que gran parte de las campañas políticas en pro
del ahorro de energía incentivan el uso de un sistema deficiente y colapsado en
horas punta.



Así, nos mostramos en
desacuerdo con el artículo 89 de la ley 18.290 de tránsito
Los servicios de locomoción colectiva de
pasajeros y de taxis, deberán ajustarse en su operación a las normas que para
los efectos determine el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.”
, pues nos parece una obligación de la propia
ley exigir los estándares mínimos para el funcionamiento ministerial en el área
de transporte y, en consecuencia, proponemos soluciones como (partiendo por
mejorar tal artículo de ley): eliminar taxi colectivos de las principales calles del centro de las
ciudades con una población superior a 200.000 habitantes; creación de paraderos
diferidos con una infraestructura adecuada; reordenar recorridos; y modernizar
flotas de microbuses, por un lado, para aportar al medioambiente, y por otro,
para la inclusión concreta de personas con movilidad reducida, como indica la
ley 22.422 sobre discapacidad en el artículo 28 y 30 “Todo edificio de uso público y todo aquel que, sin importar su carga
de ocupación, preste un servicio a la comunidad, así como toda nueva
edificación colectiva, deberán ser accesibles y utilizables en forma
autovalente y sin dificultad por personas con discapacidad, especialmente por
aquellas con movilidad reducida. Asimismo, estarán sometidas a esta exigencia
las obras que el Estado o los particulares ejecuten en el espacio público al
interior de los límites urbanos, y los accesos a los medios de transporte
público de pasajeros y a los bienes nacionales de uso público.”
, y “Todos los medios de transporte público
deberán contar con la señalización, asientos y espacios suficientes, de fácil
acceso, cuyas características, dependiendo de cada medio de transporte, serán
establecidas en el reglamento que al efecto se dicte por los Ministerios de
Transportes y Telecomunicaciones y de Planificación.”
, respectivamente.



El
financiamiento debiese ser asumido por el gobierno central sobre el mismo
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones de forma equitativa en relación
a los requerimientos regionales y comunales. Los gastos a su vez, serían no
mayores a los invertidos en el transporte capitalino, teniendo en cuenta la
cantidad y el tamaño de las ciudades,  y
considerando que el plan sería implementado de forma progresiva para evitar
pérdidas de dinero. Sin embargo, proponemos crear un
sistema nacional de transporte independiente en regiones, coordinado por el
gobierno central, pero sin depender por ejemplo, del Transantiago para
subvención[2]
(buscando parchar la estructura del sistema), sino que de una inversión
constante y total (no parcial).



Finalmente, el hecho de crear
un sistema de transporte público y privado eficiente, llevará consigo por ende,
la modificación de artículos, y hacer valer las leyes vigentes para que
prevalezcan en conjunto con la realidad que día a día vivimos todos los
chilenos.













[1] Entiéndase “elevación”
por construcción en altura.