Honorables miembros de
Congreso

Les presentamos nuestra propuesta de ley ordinaria “Práctica
Social Joven: deber cívico y responsabilidad social”, que busca establecer el
trabajo comunitario en jóvenes entre 18 y 25 años, tendiendo a mejorar la
sociedad civil a través del trabajo serio, que sólo es posible de desarrollar con
la participación en contextos reales. Teniendo en cuenta que Chile carece de
legislación respecto al trabajo social, sólo queda el espacio al voluntariado y
a diversas y dispersas organizaciones, relegando al Estado de su rol
centralizador e impulsor de iniciativas reales, que no inviten, sino que
incluyan a toda la sociedad.

Pasamos a exponer problema, preocupación, diagnóstico
y solución que fundamentan nuestro proyecto.

Problema:

Compromiso y conciencia social son ámbitos que más
desarrollo necesita nuestra sociedad. Chile requiere de prontos cambios, donde
participen personas consientes de la situación del país, para acabar con las
grandes desigualdades socioeconómicas. Lamentablemente la participación real no
es la esperada, con sólo un 15% de los jóvenes como voluntarios (Fundación
Trascender),  lo que refleja una baja
iniciativa por mejorar este malestar. Estamos inmersos en una sociedad donde rige
el éxito individual, dejando muchas veces de lado el bienestar colectivo.

Preocupación:

Gran parte del servicio social está en manos del bajo
porcentaje de voluntarios, haciendo complejas y desintegradas las iniciativas.
Consideramos que las agrupaciones que hoy existen realizan una exelente
función, por lo que es importante incorporarlas en nuevas etapas centralizadas
y planificadas para hacer de los procesos instancias más controladas, exitosas
y permanentes.

Diagnóstico:

Teniendo en cuenta la implementación de leyes
similares en otros países latinoamericanos, creemos que es factible incorporar
esta ley en Chile. Ejemplos como el mexicano, donde la mayoría de los alumnos
de pregrado deben cumplir con servicio social orientado a su carrera, al
término de la misma, con el fin de recompensar a la sociedad la gratuidad de
los estudios (Ley Federal de Educación, 1973). Otro es el caso colombiano,
donde todo alumno de educación secundaria (equivalente a la educación media
chilena) debe realizar una práctica social para graduarse del instituto (Ley 0115, 1994). Visto estos ejemplos, podemos prever una
buena inserción de la ley a nuestra realidad nacional.

En los últimos años, Chile ha sido incorporado a distintos
organismos internacionales que agrupan países con altos niveles de desarrollo. Han
sido estos mismos los que nos advierten sobre el trabajo pendiente que tenemos en
el área social.

Según un estudio realizado el año 2003 por el
Instituto de Sociología de la PUC, Chile se ubica en el lugar 14 de 32 en cuanto a
voluntariado con un 30%, superando a países latinoamericanos y europeos. Si consideramos
que el porcentaje de voluntariado en Chile ha aumentado en los últimos 20 años,
creemos que estamos en una excelente situación para normar y extender este
trabajo ahora de carácter obligatorio a la población joven. En ningún caso se
eliminará el trabajo voluntario, su naturaleza impide su prohibición, por lo
que se convertiría en complemento de este deber.

Un país con buenas cifras macroeconómicas y
sociales debería tener  una masa de
trabajo social más amplia de la que contamos.

Solución:

Apuntamos a legislar el problema logrando una
participación real, a partir de la implementación de la ley “Práctica Social
Joven”, la que busca instaurar el trabajo social como un deber, intentando
fomentar  la integración social y la
participación ciudadana. Esta iniciativa, que consistiría en un mensaje, manda
a realizar servicio social como un deber de los jóvenes entre 18 y 25 años. Así
mismo, los involucrados se encontrarían en la libertad de orientar su práctica
social a sus intereses, enriqueciéndose en la realización y convirtiendo la
labor en un valor agregado al curriculum.

Los requerimientos de esta ley son los siguientes:

·        
 Se implementará
una nueva institucionalidad: “subsecretaría de servicio social” a cargo del ministerio
de desarrollo social, que se encargará de: 

-         
La creación de un sistema de postulación y asignación
a la ayuda social, de acuerdo a las necesidades y habilidades de las personas.

-         
La fiscalización y certificación del trabajo, que consistirá
en realizar 600 horas dentro del plazo de un año. 

·        
Se  podrá optar
a becas de transporte y alimentación, provenientes de recursos estatales.

·        
Quienes no cumplan este trabajo no podrán optar a
subsidios estatales.

·        
A un plazo de 10 años, la contratación de personas deberá
priorizar a quienes hayan realizado esta labor social.