Nuestra constitución es el resultado
de una construcción republicana de dos siglos, en la que, desde los reglamentos
provisorios de 1811 y 1812, se reconoce el esfuerzo por integrar al poder
legislativo, la representación de todos los espacios comprendidos dentro del
territorio nacional.

 Mientras el articulo n°4 de la actual
Constitución Política señala “Chile es una república democrática”, el n°5 reza
que, el ejercicio de esta soberanía sólo “reconoce como limitación el respeto a
los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana”, siendo deber del
Estado a través de sus diversos estamentos, el garantizar el cumplimiento cabal
de estos derechos constitucionales. En este mismo sentido el capítulo 3°, Art.n°19
de la constitución, señala que Chile “asegura a todas las personas la igualdad
ante la ley” bajo el precepto ético de que “en Chile no hay personas ni grupos
privilegiados”, así, ninguna ley o autoridad, podría definir o imponer una
realidad arbitraria en el ejercicio de sus derechos, adjuntándose una larga
lista en la que el derecho a la educación ocupa el lugar n°10, en cuyo primer
párrafo leemos “La educación tiene por objeto el pleno desarrollo de la persona
en las distintas etapas de su vida”, mientras que en el párrafo 5° señala
“Corresponderá al Estado, así mismo, fomentar el desarrollo de la educación en
todos sus niveles; estimular la investigación científica y tecnológica, la
creación artística y la protección e incremento del patrimonio cultural de la
nación”.

 Estos enunciados, absolutamente
complementarios con la Declaración Universal de los DDHH y los derechos de
primera y segunda generación, se entienden como parte de un derecho
internacional del que Chile es fundante, y, por ende, debe esmerarse en
cumplir, sobre todo en los  referentes a
la educación. El articulo n° 26 de los DDHH señala ‘’Toda persona tiene derecho
a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a
la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será
obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el
acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos
respectivos. “en consonancia con este párrafo nuestra constitución política
rechaza el lucro, razón por la cual esta práctica no solo es inconstitucional
si que al mismo tiempo un delito.

Así,
apelando al cumplimiento cabal de lo expresado en nuestra  Constitución y en la Declaración Universal de
DDHH exponemos en nuestra moción los siguientes puntos:

-      
Una reforma de la actual LGE a fin de
restituirle, mediante Un Sistema Nacional de Educación, al Estado, la
responsabilidad que pusiera en práctica a lo largo de ciento cuarenta años de
vida republicana como creador de una educación de democrática , calidad,
integral e inclusiva de toda nuestra diversidad social y que permanece
abandonada a las fuerzas del mercado, con un Estado que asume un rol meramente
subsidiario que hoy practica

-      
Fomentar la proliferación de liceos de
carácter técnico, politécnico, artísticos además de escuelas y liceos
diferenciales, que atiendan a estudiantes discapacitados intelectualmente o con
discapacidades inhabilitantes; o sordomudos, ciegos, y el talento de
estudiantes superdotados. Para detectar las diferentes capacidades y
habilidades de nuestros educandos, los establecimientos deberían contar en su
planta profesional con, al menos, un psicólogo y un psicopedagogo por cada 150
alumnos. También seria básico el que se implementara de colegios industriales,
escuelas técnicas y comerciales, además de escuelas diferenciales a todas las
comunas del país, a fin de atender debidamente a las necesidades educativas
especiales disminuyendo la presión hacia las universidades.

-      
Reformar la J.E.C para que no frustre al
educando, sino que complemente el plan común mediante talleres y que, de paso,
le haga más pleno  en su vida
estudiantil.  

 Si la educación es el “alma mater” de la
nación, está no podría desarrollarse democrática, cultural, tecnológica ni
artísticamente, si no habilita a los educandos para una participación social
equitativa.

Nuestra moción está respaldada por la
crisis moral que afecta a nuestra sociedad, el lucro en todos sus ámbitos, el
desinterés por la política y los bajos puntajes en el Simce o la Psu,
resultados de esta irresponsable política de un Estado Subsidiario, en vez de
promotor de una educación de calidad.

 Este proyecto y todos nuestros esfuerzos,
están dedicados a los miles de estudiantes chilenos que en un esfuerzo
sobrehumano estudian en unas condiciones de desigualdad que deben superarse.