Colegio Rubén Castro Diurno -VIÑA DEL MAR - Región de Valparaíso

Título iniciativa: Ley para la Descentralización Político-Económica de Chile


Propuesta legislativa:


En la actualidad, la
distribución del gasto público indica que un cuarto de éste se destina a la
Región Metropolitana, considerando que las dos regiones que le siguen porcentualmente (V y VIII), en conjunto,
no igualan dicha cifra
[1].
A la vez, uno de cada tres chilenos vive en la capital[2].
Este lamentable diagnóstico refleja un centralismo que va en desmedro del
desarrollo del país.



                Desde los
remotos tiempos de la Colonia, Santiago ya se había consolidado no sólo como la
ciudad principal, sino como el emplazamiento desde donde se esgrimían
decisiones políticas y económicas
. A través del tiempo, esto se
agudizó de gran manera y, con la creación de las primeras provincias, se
evidenció un desequilibrio en el progreso del país[3].
En estas circunstancias, y luego de varios proyectos, surge la Comisión
Nacional de Reforma Administrativa en 1974, cuyo objetivo apuntaba a un proceso
de regionalización a nivel nacional, buscando erradicar la enfermiza congestión
capitalina, bajo el lema de la descentralización. Sin embargo, el tiempo
anuncia que esta medida no ha sido fructífera, pues jamás se dio solución
efectiva a la problemática, profundizándose aún más hasta nuestros días.



En efecto, proponemos un
proyecto de ley que plantea una reforma administrativa en cuanto a la organización
político-económica, para otorgar autonomía a cada región respecto a la
utilización de sus recursos. Definimos nuestra iniciativa como una Ley de
quórum calificado, pues su aprobación requiere la mayoría absoluta de los
parlamentarios, debido a que es una modificación constitucional a la Ley 19.175
Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional.



El centralismo, hoy en día, es
un problema nacional que radica su esencia en las regiones. Es alarmante
visualizar las realidades que se forjan entre la Región Metropolitana y las
distintas zonas del país, y peor aún entre las capitales regionales y sus
respectivas localidades. Éstas se traducen en la carencia de servicios y
oportunidades; en particular, en las regiones y localidades más extremas y
aisladas, en contraposición con las que se ven privilegiadas por la
distribución de recursos públicos.  Y que se entienda, que descentralizar no
es anular las diferencias que las regiones y sus localidades tienen de acuerdo
a su naturaleza geográfica y al patrimonio social y cultural, sino a la
inequidad de condiciones. Diferencias no debe significar desigualdad, por el
contrario, implica acoger mediante propuestas que ponderen los recursos y el
capital humano a través de la evaluación de las necesidades de la población. Es
ante ello, necesario desarrollar una administración eficiente con personas
capacitadas que conozcan la realidad de la población a quienes van a
representar políticamente y a quienes van a fomentar el desarrollo económico a
través del pleno empleo y una legislación justa.  



En concreto y con urgencia, las modificaciones propuestas para la Ley
19.175 Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, que a
continuación se señalan, sugieren un Chile unitario, pero descentralizado donde
se manda y permite lo siguiente:



1.     
El Intendente regional debe
ser elegido mediante una elección democrática en cada región del país, por
medio de la mayoría relativa, implicando que esta figura sea representante de
la población y no del gobierno central. Esta autoridad debe contar con los
siguientes requisitos para poder ser electa:



 



Ø  Tener residencia y haber trabajado en el sector público por un mínimo de
3 años en la región, previo a su postulación. Esta cláusula se realiza con el
fin de que el candidato posea un conocimiento verídico y acercado a las
realidades y las imperantes necesidades de la zona.



Ø  Debe tener cumplidos los veinticinco años de edad.



Ø  Debe acreditar haber cursado la enseñanza media o equivalente.



 



2.    El Intendente recibe una serie
de facultades, sin que éste goce de plenas libertades políticas y económicas:



 



Ø  Duración del cargo de 4 años, permitiendo que las políticas públicas
emprendidas por esta autoridad se implementen íntegra y efectivamente.



Ø  Distribución de recursos regionales según voluntad del Intendente, en
acuerdo con el Consejo Regional (CORE), a través de la formulación de un
catastro anual que velará por la solución de los problemas que aquejan a la
región, y al mismo tiempo potenciará proyectos de desarrollo social.



 



-         
El presupuesto del catastro,
en el caso de la Región Metropolitana, tendrá como límite el  PIB regional promedio del año anterior más las
asignaciones adjudicadas en proyectos concursables. En el resto de las
regiones, corresponderá el límite al PIB promedio de todas éstas sin considerar
la RM.



 



3.    La persona que ocupe el cargo
de Gobernador será elegido directamente por el Intendente Regional con el fin
de constituir un trabajo eficiente y homogéneo en el desarrollo de la región,
debiendo cumplir los siguientes requisitos:



 



Ø  Haber trabajado en el sector público por un mínimo de 3 años en la
provincia.



Ø  Debe acreditar haber cursado enseñanza media o equivalente.



Ø  Debe tener cumplidos los veinticinco años de edad.



 



4.    El Intendente, en conjunto con
el CORE, deberá realizar una declaración con una periodicidad anual, durante el
mes de Noviembre, donde se transparenten los gastos realizados en obras y
políticas específicas vinculadas al catastro.



 



 



 



 



5.   Con respecto a la
redistribución de recursos:



Ø 
Corresponderá a la Región
Metropolitana, destinar los excedentes que superen el PIB regional promedio del
período anterior al Fondo Nacional de Desarrollo Regional.



Ø 
Corresponderá a las todas las
regiones del país, a excepción de la RM, destinar todos los excedentes que
superen el PIB promedio de éstas.



 



-    El objetivo de esta
modificación es homogeneizar y equiparar la distribución de dineros al interior
del país por medio del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, lo que se
realizará bajo la fiscalización de la Contraloría General de la República de
Chile.



           
En conclusión, esta iniciativa dará respuesta a un fervoroso anhelo que tienen
muchos chilenos y que se ha manifestado en protestas en Aysén, Calama e Isla de
Pascua, que luchan bajo una consigna: “El centralismo está matando a Chile”,
revelando que todos somos partícipes en la construcción de un país más
igualitario y próspero.












[1]
MIDEPLAN, Evolución
y Estructura de la Inversión Pública en Chile
.







[2] Proyecciones 2008
INE.







[3]
Análisis sobre la concentración demográfica de Chile en Santiago, Álvaro Acuña
Castillo y Tomás              Schuster
Pineda, Universidad de Chile.