Nuestro sistema escolar
no aprovecha adecuadamente la multiplicidad de intereses y aptitudes de los
estudiantes, promoviendo una enseñanza uniforme para todos, lo que frecuentemente
resulta poco interesante para éstos. Además, las asignaturas mínimas del
currículo suelen tener escasa relación con lo que está ocurriendo en el mundo
del trabajo, lo que impide a los estudiantes elegir una carrera teniendo algún grado de familiaridad respecto a sus
implicancias reales.

Lo anterior
incide de manera importante en los altos índices de deserción que se observan
en la educación superior. En efecto, la última información oficial disponible
respecto a esta materia, publicada por el Servicio de Información de la
Educación Superior (SIES) en la página web mifuturo.cl
(Proceso 2010), revela que, considerando sólo los programas de Pregrado, la
retención promedio en Universidades alcanza sólo un 74,5%, en los IP un 63,4% y
en los CFT un 65,7%.

En este contexto,
llama la atención que los incentivos que entrega el sistema educativo nacional a
través del MINEDUC, se centran principalmente en los resultados de las pruebas
SIMCE, lo que refuerza que los colegios destinen más tiempo a las asignaturas mínimas,
especialmente Lenguaje y Matemáticas, incluso en las horas de libre
disposición.

En este
sentido, resulta ilustrativo que un porcentaje sumamente bajo de
establecimientos tenga cursos electivos (distintos a los del currículo mínimo) aprobados
por el Mineduc. En efecto, hemos comprobado esta tendencia a través de diversas
consultas efectuadas vía Ley de Transparencia: por ejemplo, la región de
Antofagasta sólo tiene 2 (de 159) establecimientos con este tipo de cursos, y
las regiones de Atacama y Aysén no tienen ninguno (no todos los Seremis han respondido
a la fecha).

Si bien en los
últimos años ha ido creciendo el interés por el tratamiento de las Necesidades
Educativas Especiales (el MINEDUC entrega una subvención extra a los colegios
que atiendan alumnos con éstas), no existe ningún estímulo en el sistema
educativo para que los establecimientos detecten las aptitudes e intereses de
sus estudiantes, y desarrollen cursos o talleres que las promuevan. Tampoco se
observan estímulos para que los colegios, con excepción de los
técnico-profesionales, intenten vincular a sus estudiantes con las realidades
propias del mundo del trabajo.

Por tanto, nuestra
propuesta de ley consiste en crear una subvención especial para aquellos
establecimientos que diagnostiquen aptitudes e intereses en sus estudiantes, y
desarrollen cursos para fomentarlos, de los cuales a lo menos el 50% deberán
realizarse con el apoyo de invitados certificados que permitan acercar a los
estudiantes al mundo del trabajo. Dichos profesionales deberán haber prestado
servicios profesionales a lo menos durante 6 meses en los últimos 3 años por un
tiempo mínimo de 22 horas semanales, en lugares distintos a establecimientos de
educación parvularia, básica o media.

Los cursos
señalados deberán promover el cumplimiento de los objetivos de aprendizaje
establecidos en la Ley General de Educación y/o en las bases curriculares que
correspondan, ser desarrollados en coordinación con los profesores de las
asignaturas cuyos objetivos de aprendizaje coincidan con el curso respectivo y
contar con a lo menos 3 actividades en terreno cada trimestre. Sus
calificaciones se agregarán a las que correspondan a las asignaturas que
impartan los profesores que participen en éstos, con una ponderación total de a
lo menos un 30%.

En caso que el
contenido de uno de estos cursos coincida con la preparación necesaria para
participar en un torneo de nivel regional o nacional en el que participen más
de 20 colegios, la subvención especial será aumentada en caso que el equipo del
respectivo establecimiento obtenga el primer, segundo o tercer puesto.

                Esta
subvención especial se pagará por asistencia media de los estudiantes al curso
(monto de 0,26 USE mensual por alumno), y deberá ser invertida prioritariamente
en apoyar el desarrollo de estos cursos, de acuerdo al Plan que desarrollen sus
integrantes, en conjunto con los profesores e invitados certificados respectivos.
Un reglamento deberá determinar los detalles operativos de esta subvención.

                Como esta ley incide en la administración
presupuestaria del Estado, deberá iniciarse vía Mensaje del Presidente de la
República. Se trataría de una ley simple. Los recursos adicionales que se
requerirán podrían obtenerse del proyecto de ley que perfecciona la legislación
tributaria y financia la reforma educacional (Boletín Nº 8369).